Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconocieron el jueves por primera vez en casi dos años de negociación con el Gobierno que sus acciones han afectado a civiles y dijeron estar dispuestas a asumir su responsabilidad por sus actos de guerra.
En repetidas oportunidades el Gobierno le exigió al grupo rebelde reconocer su responsabilidad con las víctimas en medio de la confrontación que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.
Pero las FARC, consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, se negaron a hacerlo y respondieron que eran víctimas y ni victimarios.
"Lo que hicieron las FARC -yo tengo que reconocerlo, es un paso importante- de asumir responsabilidad en los crímenes por fuera de lo permitido en una guerra como la que estamos librando", dijo presidente Juan Manuel Santos en un acto de Gobierno en la caribeña ciudad de Cartagena.
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"Eso es un paso importantísimo, porque estamos comenzando a entrar en el terreno de las responsabilidades que es lo que en la justicia transicional. Es importante que asuman las responsabilidades para poder aplicar la justicia transicional. Lo que estamos viendo es que estamos avanzando en la dirección correcta", agregó.
En el diálogo de paz que se realiza en Cuba las partes han logrado acuerdos para dar acceso a la tierra y a la producción a los campesinos pobres, garantizar la eventual transformación de la guerrilla en un partido político y combatir el narcotráfico con la erradicación de cultivos ilegales.
Actualmente discuten sobre la compensación a las víctimas y luego deberán tratar el complejo tema del fin de la confrontación.
Es importante que las FARC asuman las responsabilidades para poder aplicar la justicia transicional
Todos los acuerdos que logre el Gobierno con las FARC, que tiene unos 8.000 combatientes, tendrán que ser avalados por los colombianos en una consulta o un referendo.
La negociación avanza en medio del conflicto ante la negativa del Gobierno de firmar un cese bilateral del fuego con el argumento de que podría ser aprovechado por la guerrilla para prolongar indefinidamente el diálogo y sacar ventaja militar.
También se cumple en medio de fuertes críticas, como las del ex presidente y actual senador Álvaro Uribe, quien ha advertido que los crímenes de guerra de las FARC quedarán impunes y sus líderes serán premiados con curules en el Congreso, afirmaciones que niega el Gobierno.