La resolución de la ONU que exige la liberación de los opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos "es una obligación para el Gobierno", que debe "acatar el dictamen de este grupo", aseguró el jurista Roland Adjovi, uno de los cinco miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
El experto explicó al canal colombiano NTN24 que la decisión del organismo "no es algo a lo que el Gobierno tenga una opción, es prácticamente una orden". En ese sentido, agregó que si Venezuela no acata, el Consejo de Derechos Humanos deberá tomar acciones.
Días atrás, el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, había rechazado la resolución al considerar que las Naciones Unidas se estaban inmiscuyendo en los asuntos internos del país.
"Es un proceso establecido por la ONU con el acuerdo de todos los Estados, no interfiere con los asuntos internos de nadie"
"Así como le dijimos al Departamento de Estado (de EEUU) que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución", dijo el ministro de Relaciones Exteriores venezolano.
"Todos los juicios que están en desarrollo en función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su curso en el marco de nuestras leyes", añadió.
Sin embargo, el funcionario del organismo internacional negó que la decisión represente una intromisión. "Esto es un proceso establecido por la ONU con el acuerdo de todos los Estados, por lo que no interfiere con los asuntos internos de nadie. En cualquier caso que no se puede obtener justicia domésticamente ellos pueden solicitar este mecanismo, así que no interfiere con los asuntos domésticos de nadie. Sólo estamos tomando medidas basados en los acuerdos suscritos con Naciones Unidas, no estamos interfiriendo".
La Constitución de 1999, en su artículo 31, establece que "toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre Derechos Humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus Derechos Humanos". Y agrega que "el Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales".
El pronunciamiento se produce el mismo día que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó los pronunciamiento de la instancia de la ONU de "no vinculantes".