Desde el mediodía y hasta casi las 20:30 se vivió una nueva jornada del plenario de comisiones para tratar conjuntamente los tres proyectos sobre regulación de la producción y el consumo, con la presencia de funcionarios nacionales y empresarios. Pese al reclamo de la oposición, no asistió el ministro de Economía, Axel Kicillof; sí lo hicieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el titular de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez; y el secretario de Comercio, Augusto Costa. La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes.
En su intervención, Capitanich reivindicó el rol regulador del Estado respecto de las cadenas de valor y los consumidores y sostuvo que se ha observado la existencia de "un funcionamiento inadecuado, incorrecto" que perjudica al "eslabón más pequeño" del proceso que constituyen usuarios y consumidores.
"Nosotros entendemos que el Estado cumple un rol absolutamente indubitable" en el proceso económico y en la distribución del ingreso, indicó, y fustigó al sector empresario al señalar que "solamente pretenden que el Estado intervenga cuando están en juego sus propios intereses".
En tanto, Álvarez sostuvo que los proyectos "establecen reglas claras para el consumidor". Aseguró que generarán un sistema "más pragmático y más liviano" y cuestionó que se "oculten" a los consumidores las herramientas de las que pueden hacer uso para reclamar "por sus derechos".
Similar fue el planteo de Costa. "No son iniciativas aisladas, son las que se necesitan para que consumidores puedan ejercer derechos". El funcionario descartó, además, las comparaciones que se vertieron respecto a supuestas semejanzas con el sistema venezolano.
A las exposiciones de los funcionarios del gabinete siguieron las de opositores. Los que hicieron uso de la palabra coincidieron en cuestionar las medidas. Ernesto Sanz (UCR) espetó a Costa tener un "discurso berreta"; Liliana Negre de Alonso (PJ) sostuvo que el proyecto de Ley de Abastecimiento es "inconstitucional", y Nito Artaza (UCR) dijo que "parece fuera de tiempo".
El debate continuó con un cruce entre el titular de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, con el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere. A los cuestionamientos del dirigente rural al proyecto, el senador le achacó que el campo "fue uno de los sectores más beneficiados" en la última década; Etchevehere respondió que fue así por los precios internacionales y "a pesar" del Gobierno.
"No nos hace falta esperar que se sancione para saber si va a causar o no efectos negativos. Ya sabemos que los va a causar", dijo el presidente de la SRA. Advirtió que la secretaría de Comercio Interior "va a tener la atribución, hasta judicial, de aplicar sanciones y de prohibir el ejercicio del comercio hasta por cinco años".
Como Etchevehere, los representantes del empresariado reiteraron el rechazo que ya habían adelantado en un comunicado ayer. Jaime Campos, de AEA, explicó que la polémica iniciativa "no contribuye a generar inversión" y "afecta las expectativas". Y añadió: "Es la primera vez que veo al empresariado en una misma posición. En otras normas hemos tenido diferencias".
Miguel Blanco, de IDEA, consideró que una eventual aplicación de la ley "se va a pagar con desocupación", mientras que Ignacio de Jáuregui, de CAME, reclamó cambios para evitar que parte de las regulaciones propuestas alcancen a las pymes.
Gabriel Molteni (Cámara Argentina de Comercio) se mostró en línea con los cuestionamientos que surgieron de la reunión de ayer del G6. Sostuvo que el proyecto "ratifica los controles discrecionales" de los mercados "para la autoridad de aplicación".
Por otro lado, solicitó incluir en el observatorio de precios que promueve el paquete de normas que llegó al Congreso a "la parte empresaria, además de funcionarios y representantes de asociaciones".
Con una maniobra denunciada por la oposición, el Frente para la Victoria cambió ayer la comisión de cabecera del debate de manera de hacerse del control de los tiempos. Aunque hubo una advertencia de que hoy mismo podría firmarse dictamen para lograr un trámite exprés y llevar la discusión al recinto, fuentes del oficialismo dejaron trascender que se buscará extender el debate por algunas semanas.