Una fuerte polémica se generó tanto en el ámbito público como privado tras los proyectos de modificaciones de la "Ley de Abastecimiento", suyo punto más cuestionado es el que refiere a establecer la potestad al Estado de imponer precios máximos, márgenes de utilidad y la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional.
La mañana de este martes, el secretario de Comercio, Augusto Costa, afirmó que "la capacidad de fijar precios está en la legislación mexicana, alemana y española", además de recordar que existe en el país desde 1974, aunque aclaró que debió ser usada "en contadas ocasiones".
En ese mismo momento, estaban reunidos en la sede de la UIA los representantes del denominado G6, integrado por los principales actores del mercado empresarial argentino. Tras un debate que duró más de una hora y media, presentaron un comunicado conjunto que lleva las firmas de los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
En el escrito, destacaron "la relevancia de mejorar la normativa de defensa del consumidor, tal como establece en sus objetivos uno los proyectos de ley enviados al Congreso", aunque cuestionan el proyecto de Regulación de la Producción y el Comercio, ya que aclaran que "tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada".
"En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico, iniciativas como ésta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a estos objetivos que el propio Gobierno Nacional manifiesta promover", expresaron los empresarios.
Para ello, refieren a la experiencia internacional. que según su impresión "demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desarrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria".
"En aquellos pocos donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios, y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal", que "terminó fomentando la competencia desleal, la caída de la inversión, el deterioro del mercado de trabajo y el aumento de precios y costos", finalizó.
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