En un encendido discurso que cosechó las críticas de la oposición, la presidente Cristina Kirchner comunicó que ejecutaría la ley de financiamiento del terrorismo contra la multinacional Donnelley, por despedir a 400 trabajadores y cerrar de manera intempestiva la fábrica ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires.
Lo hizo el miércoles pasado por cadena nacional en la Casa Rosada, luego de presentar el lanzamiento del plan de viviendas "Vivir más cerca", cuya inversión de 27.000 millones de pesos servirá para la construcción de 105 mil propiedades a lo largo del país.
"Es el primer caso que vamos a tener de aplicación de Ley Antiterrorista, el artículo 309 del Código Penal, incorporado por el artículo 5º, de la Ley 26.733, publicada en el Boletín Oficial el 28-12-2011 y la Ley 26.734", dijo Cristina Kirchner.
En su mensaje, aprovechó la circunstancia para referirse a los cuestionamientos que recibió por la sanción de la ley. Entonces, sus detractores señalaban que la norma iba a ser utilizada para reprimir y castigar severamente los reclamos sociales.
"Alguna persona muy ligada a mí, me dijo "pero por qué aprobamos esto". Pensaban que esto era contra la protesta social, contra los sindicatos, contra los trabajadores, pero no", dijo.
La mandataria justificó la decisión de denunciar a Donnelley al afirmar que la empresa gráfica pretendió alterar el orden económico y "atemorizar a la población" cuando declaró la quiebra. Y vinculó este hecho también con el fondo buitre NML Elliott, de Paul Singer, grupo que litigó contra el país en el "juicio del siglo" en Nueva York por la deuda externa. De acuerdo a la jefa de estado, este grupo le vendió el 70% de la firma a BlackRock, una sociedad que "sospechosamente" ahora dispuso terminar con la operaciones de Donnelley en la Argentina.
Sin embargo, el anuncio del Gobierno quedó en la nada. Esta mañana, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, rechazó que la presentación contra la empresa estadounidense fuera por terrorismo, y admitió que todo "derivó en una confusión".
"La denuncia es por quiebra fradulenta", comentó Vanoli, y precisó que esa imputación refiere al artículo 309 del Código Penal, que castiga y persigue los delitos económicos de los empresarios. Se trata del mismo que mencionó la jefa de Estado en su discurso, pero que la Presidente "confundió" con la polémica ley recomendada por el GAFI.
"No tiene nada que ver con ley de financiamiento del terrorismo", sostuvo.
La aclaración del titular de la CNV coincide en el día en que la oposición se disponía avanzar, en la Comisión de Legislación Penal de Diputados, con la aprobación de un dictamen para la derogación o modificación de la polémica ley antiterrorista.
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