El 19 de diciembre pasado, personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (DIFOC), allanó las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una financiera muy conocida en el mercado de dinero. Los policías llevaban una orden de allanamiento firmada por el juez Norberto Oyarbide y por su secretario Carlos Leiva. Según denunciaron el dueño de la financiera Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo.
Se suspendió el allanamiento. A partir de esa situación anómala, la Cámara Federal porteña, que es el tribunal superior de Oyarbide, inició un sumario interno. En ese sumario interno, según informaron fuentes judiciales a Infobae, Oyarbide admitió que paró el allanamiento luego de haber recibido un llamado de Carlos Liuzzi, hombre de extrema confianza del secretario Legal y técnico de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini. Lo hizo por escrito ante un pedido realizado por el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun, quien conduce el sumario administrativo que se realizó para determinar como fue lo sucedido.
Oyarbide explicó a sus superiores que ante el llamado de Liuzzi, donde se explicaba que los policías federales habían entrado con violencia y pedían dinero para no realizar el operativo, decidió terminar con el allanamiento.
Greppi y Torres se presentaron ante el mismo Oyarbide y contaron todo lo sucedido. Oyarbide realizó la denuncia y quedó a cargo de esa investigación el juez federal Luis Rodríguez. En ese expediente declararon los empleados de la financiera y Greppi y Torres, quienes mantuvieron sus dichos respecto de la actuación policial y del pedido de coima para no realizar el allanamiento. Los policías de la DIFOC señalados por los denunciantes son Fabio Ascona y Ángel Castro. Según dijeron en Tribunales los de la financiera, les pedían 300 mil dolares para no hacer el operativo. Y ante las llamadas que Greppi hacía a distintas personas de diferentes estamentos del poder, los policías les recomendaron no hablar con nadie mas porque ellos no recibían órdenes de ningún otro que no fueran el juez y su secretario.
La admisión de haber recibido la llamada de Oyarbide revela que la financiera tenía contactos muy fluidos con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que a su vez tiene influencia sobre Oyarbide. Greppi reconoció ante Infobae que cuando se produjo el allanamiento "me comuniqué con Luizzi para decirle que me estaban saqueando". Es decir que el financista pidió ayuda al funcionario, quien luego se comunicó con Oyarbide.
Infobae intentó comunicarse sin éxito tanto con Zannini como con Luizzi. Los llamados fueron recibidos en sus respectivas secretarías privadas de sus oficinas públicas.
Oyarbide y Liuzzi se conocen porque el juez archivó una causa en la que se investigaba el enriquecimiento ilícito del funcionario, estrecho colaborador del poderoso Zannini.
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