Avanza el expediente judicial por la muerte de 10 bomberos y rescatistas en la tragedia de Barracas. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, arrancó la investigación sobre qué tipo de información había en el depósito de la empresa Iron Mountain, que se prendió fuego el pasado 5 de febrero.
La fiscalía analizará si la documentación destruida puede echar luz sobre las causas del estrago. El incendio generó sospechas en funcionarios del Gobierno y los familiares de las víctimas fundadas en las graves falencias de seguridad y los numerosos incendios precedentes en la compañía.
La investigación se inició después de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) remitiera a la Procuración General de la Nación información detallada sobre el supuesto material archivado en el depósito, informó el sitio web de la fiscalía general. Allí figuran clientes y bancos denunciados por lavado de activos.
El titular de la CNV, Alejandro Vanoli, comentó la semana pasada que su auditoría fue bajo orden de la presidente Cristina Kirchner, y pretendía detectar si el material era "crítico", en el sentido de que la información suministrada por las empresas a Iron Mountain podía ser susceptible de una investigación judicial y penal.
El expediente remitido por la oficina de Vanoli identificó que varias empresas y clientes que guardaron documentación en el depósito incendiado están bajo investigación penal por lavado de activos, evasión tributaria, defraudaciones, entre otros delitos económicos.
La fiscalía de Gonella manifestó que la investigación se orienta a identificar a todas las personas físicas y jurídicas que utilizaban los servicios de Iron Mountain para "determinar si también se destruyó material vinculado a las investigaciones en curso". El expediente está a cargo Marcela Sánchez, de la Fiscalía Nacional de Instrucción N° 37.
La causa ya cuenta con los primeros informes periciales realizados en el lugar de la tragedia. En simultáneo, se está analizando documentación remitida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como la habilitación del establecimiento, y también se citó a nuevos testigos, cuyos nombres no se dieron a conocer para preservar la pesquisa.
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