El futuro de la deuda de Argentina comenzó a delinearse hoy en Estados Unidos. Representantes del gobierno nacional y los fondos buitre asisten a una audiencia en la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, donde cada parte debe defender su postura de forma oral ante los magistrados.
Los abogados del país, el estudio Cleary Gottlibe Steel & Hamilton, se están presentando ante la Cámara de Apelación para impugnar una orden de un tribunal inferior que lo obliga a pagar los bonos en default cada vez que haga los pagos de la deuda reestructurada. La Argentina afirma que la orden viola su soberanía, lo expone a la posibilidad de una nueva crisis financiera y amenaza los esfuerzos de otros países para reestructurar la deuda soberana abrumadora.
Los acreedores buscan cobrar el 100% de la deuda tras el fallo del juez federal Thomas Griesa en noviembre de 2012. La Cámara había suspendido esta decisión para que la Argentina presente su posición el #27F, pero no puso en duda que a los fondos hay que pagarles: el tema es cuándo y cómo.
En esta batalla, el Gobierno debe convencer a los jueces que no puede pagar a NML Capital y sus fondos ese porcentaje – unos u$s 1.300 millones- porque sería injusto para aquellos que entraron a los canjes de 2005 y 2010 con una quita superior al 70 por ciento.
Pero el riesgo es aún mayor. Si el fallo finalmente avala a los fondos buitre, los potenciales reclamos de los bonistas que pedirían el mismo tratamiento elevaría la cifra a u$s43.000 millones. Esta suma es mayor a las reservas del Banco Central, hoy en 41.811 millones de dólares.
Por orden de la presidente Cristina Kirchner, el ministro de Economía Hernán Lorenzino viajó a Nueva York para seguir la audiencia de cerca. El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton representa al Gobierno y se preveía que contaba con 15 minutos para convencer a la Cámara sobre los peligros de un fallo condenatorio. El abogado Jonathan Blackman era el encargado de hablar ante los jueces Barrington D. Parker, Reena Raggi y Rosemary Pooler.
El Banco de Nueva York (BoNY) y los tenedores de bonos reestructurados también intentan que se revierta el fallo de Griesa. Cada uno tiene siete minutos para argumentar. A contramano, los fondos NML, Aurelius y otros esperan que sea confirmado y disponen de una exposición oral de 20 minutos. Al finalizar, los magistrados podrán hacer preguntas.
Las opciones del Gobierno
Para la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, en la audiencia podrían surgir "indicios acerca de la dirección del fallo". Los mercados están atentos ante estas pistas. Sin embargo, aseguró que "no habrá sentencia formal" de inmediato. Sin un plazo determinado, se estima que podría demorar al menos un mes.
"La mejor opción para la Argentina es extender los plazos y buscar un arreglo extrajudicial", dijo a Infobae Guillermo Carracedo, ex CEO de Bunge y Born. Para el consultor, los 15 minutos que tiene el Gobierno es "muy poco tiempo" para convencer a los jueces. "Un pacto directo es políticamente imposible. Se debería ahondar en otras alternativas, como que empresas argentinas compren esos papeles", agregó.
Los escenarios potenciales para la Argentina son varios, unos más pesimistas que otros. Si el fallo de Griesa es ratificado y la Argentina se niega a pagarle a los fondos buitre, tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema. Pero si el tribunal superior no acepta el caso y la Cámara no le concede un efecto suspensivo, el país podría entrar en default antes de mediados de este año.
La probabilidad de que Argentina no pague la deuda surge de los Credit Default Swap (CDS), los seguros para cubrirse ante un incumplimiento de pagos del país. El seguro a un año de plazo muestra una probabilidad de cesación de pagos del 55%. En los CDS a cinco años, la posibilidad aumenta a un 83 por ciento.
En una mesa redonda con especialistas organizada por Infobae ante el #27F, el economista y ex secretario de Finanzas Daniel Marx aseguró que el desacato es "altamente improbable", porque la Argentina tiene "la posibilidad de seguir con el proceso vía las apelaciones". Para que esto suceda la sentencia debería entrar en suspenso (stay) y así, el país evitaría un default de su deuda en 2013.