Desde las primeras elecciones democráticas en España, hace 34 años, el comunista Sánchez Gordillo ocupa la alcaldía de Marinaleda, un pueblo sevillano de algo menos de 3.000 habitantes. Durante su gestión, impulsó la creación de ocho cooperativas que dan trabajo a sus vecinos y a los de otros lugares, promovió con muchas facilidades viviendas de autoconstrucción e instauró los llamados domingos rojos, jornadas de trabajo colectivo en beneficio de la comunidad.
Dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Sánchez Gordillo, de 60 años, lideró esta semana el asalto a dos supermercados andaluces en los que jornaleros de esa organización se llevaron varios carritos llenos de comida. Su intención era donarla a una ONG que se encarga de distribuir alimentos entre quienes lo necesitan, pero ésta los rechazó por la forma en la que se consiguieron. Así que la repartieron entre los vecinos de la Corrala Utopía, un edificio de viviendas de Sevilla, perteneciente a una promotora que quebró en el marco del estallido de la burbuja inmobiliaria, y que desde hace varios meses ocupan 36 familias sin techo y sin recursos.
Fue "un toque de atención", según dijo Sánchez Gordillo, ante lo que está ocurriendo en Andalucía, en el marco de la grave
, que cuenta ya con casi
, el 24,63 por ciento de la población activa.
"La crisis tiene rostro, nombre, apellido y carné de identidad y hay ya muchas familias que no pueden comer", aseguró este jueves a la prensa local. Y pidió "una ley de renta básica para que las familias que tengan a todos sus miembros en paro tengan algo para poder comer".
Mientras, esperaba a ver si se cumple la amenaza del ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, de citarle a declarar ante un juez. Además de alcalde es diputado en el Parlamento regional andaluz, por lo que cuenta con el estatuto de aforado que impide que sea detenido, como lo han sido ya dos de las personas que participaron en los asaltos y las cuales quedaron este jueves en libertad con cargos de robo y coacciones.
Fanático del Che Guevara
No es la primera vez que Sánchez Gordillo, que en su despacho de alcalde tiene un retrato de su ídolo Che Guevara, lidera una acción de tinte justiciero y carga mediática.
Desde los años 80, este hombre de barba desarreglada, pañuelo palestino al cuello y camisas a cuadros desabotonadas ha protagonizado muchas. Ocupaciones de fincas, concentraciones de resistencia, marchas... Él y sus jornaleros lograron de hecho que el duque del Infantado cediera 1.200 hectáreas de tierra en las que se impulsaron las cooperativas de Marinaleda. En 2009, el New York Times dedicó al pueblo y a su alcalde un reportaje bajo el título de Un trabajo y ninguna hipoteca para todos en un pueblo español.
Precedente peligroso
Los asaltos a los supermercados, el martes, han provocado polémica y debate en España. Y han enfurecido al gobernante Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que teme que imágenes como las de estos asaltos, ampliamente difundidas por los medios, puedan dañar aún más la imagen exterior de un país sumido en la peor crisis económica de su reciente historia democrática, con unos bancos a punto de ser rescatados por los socios del Eurogrupo y con un cada vez más probable rescate de toda su economía en el horizonte.
Además, según alertan algunos, los asaltos pueden sentar un precedente peligroso en medio del malestar social en un país en el que los recortes frente a la crisis económica están afectando a muchos ciudadanos.
Izquierda Unida (IU), la federación política a la que pertenece el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), que lidera Sánchez Gordillo, se ha desmarcado de la acción. Pero algunos de los dirigentes de la formación, que cogobierna con el Partido Socialista (PSOE) en Andalucía, han mostrado comprensión con las intenciones del líder sindicalista jornalero.
El PSOE se ha mostrado en contra de la "actuación delictiva" y su vocero en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, aseguró este jueves que esa conducta "es más reprochable cuando se hace por un cargo público". Indicó: "Lo que pedimos, indudablemente, es que la ley se cumpla".
Él, entretanto, esperaba el jueves el devenir de los acontecimientos en la finca Las Turquillas, en la localidad sevillana de Osuna, ocupada por miembros de su sindicato desde hace dos semanas para reclamar al Ministerio de Defensa, al que pertenece, que se cedan tierras a los agricultores que en estos tiempos de crisis están pasando necesidades.
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