Pineda leyó un manifiesto en la sede central de la Fiscalía General, adonde acudió para una diligencia relacionada con la causa que afronta por concierto para delinquir.
"Hoy acepto el cargo que se me imputa y acepto la sentencia anticipada (proceso abreviado por confesión) que se imponga, como un acto de fe en mis propias convicciones políticas", dijo Pineda, quien ocupó de 2002 a 2006 un escaño en la Cámara de Representantes.
La política sostuvo que fueron esas convicciones las que la "impulsaron a realizar la gestión (...) en pro de la paz nacional" que coincidió con su desempeño en el Legislativo, desde el que expresó su admiración por altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ex representante defendió junto a la ahora ex senadora Rocío Arias el proceso de paz del gobierno del presidente Álvaro Uribe, con las AUC, que comenzó en diciembre de 2002 y terminó a mediados de 2006, cuando se completó el desarme de los más de 31.000 paramilitares que conformaban la fuerza de esa organización.
"He reconocido hechos, he confesado la verdad, he aceptado la justicia", agregó Pineda, de origen liberal y con una breve carrera política que empezó como concejal de Tierralta, localidad de Córdoba, uno de los departamentos de la costa norte del país que estuvieron bajo control paramilitar.
La ex congresista añadió que "desde la cárcel o en la libertad, siempre seguiré trabajando por la paz integral de Colombia".
"Si por contribuir a la paz política tengo que pagar el precio de la cárcel, lo pagaré con dignidad de mujer colombiana y con dignidad política", continuó Pineda, para quien "es la política y no solo el castigo la que debe resolver el conflicto interno colombiano".
En su declaración, la ex parlamentaria también pidió el compromiso del país con las víctimas y los desmovilizados de las AUC, y reclamó un espacio para éstos en todas las "instancias de origen popular", como el Congreso y los legislativos departamentales y municipales.
Eleonora Pineda fue detenida a mediados del pasado mayo por orden de la fiscalía, que la vinculó con el escándalo de la "parapolítica", de vínculos de congresistas y funcionarios con las AUC, y que investiga por ello a una veintena de políticos.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) asumió los casos de funcionarios con fuero, es decir, legisladores en ejercicio, y ha ordenado la detención de quince, todos ellos de formaciones afines al Ejecutivo.
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