El venezolano aprobó una ley que establece severas sanciones para los que acaparen alimentos y los vendan por encima de los precios regulados, y abre la posibilidad a la ''ocupación temporal'' de comercios que suspendan sus actividades o incurran en especulación de precios.
La nueva norma es la primera que aprueba el gobierno del presidente Hugo Chávez apoyado en la ley habilitante que le otorgó la Asamblea Nacional el mes pasado, que le da amplios poderes para legislar por decreto durante 18 meses.
El Ministerio de Comunicación dijo en un escrito, que difundió el sábado, que el Gabinete Ministerial sancionó una ''ley especial de Defensa Popular'' para luchar contra el acaparamiento, la especulación, el boicot, y cualquier otra conducta que atente contra la seguridad alimentaria de los venezolanos.
La aprobación de la ley se da dos días después de que Chávez anunció en su programa Aló Presidente que emitiría una legislación para castigar a los especuladores, y amenazó con expropiar supermercados, almacenes o cualquier comercio en donde sus propietarios estén acaparando alimentos o especulando con los precios.
En el texto de la nueva regulación se declara de ''utilidad pública e interés social'' a los ``bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios''.
Asimismo se prevé la ''ocupación temporal preventiva'' de los comercios ante el cierre o abandono de los establecimientos, o la persistencia de delitos tales como el acaparamiento y la especulación, según refirió el escrito del Ministerio de Comunicación.
El gobierno indicó que la ''ocupación temporal'' de los locales comerciales se realizará por razones de ``seguridad y soberanía alimentaria''.
De igual forma se autorizó el ''decomiso inmediato'' de los productos sometidos a control de precios en caso de que el local cierre, se niegue a la venta de los bienes regulados o incurra en acaparamiento.
La nueva ley surge en medio de los problemas de escasez de algunos alimentos en el país, que según el gobierno se deben al acaparamiento y a especulación.
Los comerciantes sostienen que el desabastecimiento es consecuencia de los controles de precios impuestos por el gobierno desde el 2003.
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