La Cámara Federal confirmó el procesamiento de varios integrantes de un conocido estudio jurídico de la Capital Federal por maniobras ilícitas urdidas para evitar que una empresa contratista, cliente de la firma, perdiera un millonario juicio contra el Estado y embargó a los acusados en sumas de hasta 15 millones de pesos cada uno y 75 millones en total.
El fallo al que tuvo acceso Infobae.com fue dictado por la Sala II de la Cámara y confirmó parcialmente una resolución del juez Norberto Oyarbide contra Jaime Fernández Madero y otros integrantes del estudio jurídico "Basílico, Fernández Madero & Duggan", por los delitos de "estafa procesal en grado de tentativa y uso de instrumento público falso", delitos por los que podrían ser condenados con hasta 6 años de prisión.
Fernández Madero cobró notoriedad cuando fue imputado en varias causas en las que se lo cuestionó por irregularidades como asesor de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray cuando fue liquidadora de la ex Entel.
El fallo dejó a los acusados al borde de enfrentar un juicio oral y público por delitos por los que podrían ser condenados a penas que van hasta los 6 años de prisión, según confirmaron fuentes judiciales.
Los procesados habían sido embargados por Oyarbide en la suma de 150.000.000 de pesos en total, pero la Cámara bajó las cifras a un monto total de 75.000.000 de pesos.
Las maniobras que se les imputan están relacionadas con un multimillonario juicio contra el Estado en el que el estudio representaba a Bernardo Coll, el dueño de una empresa contratista a la que se le habían adjudicado obras públicas y que había obtenido una sentencia desfavorable en primera instancia.
Se trataba de una causa contra Obras Sanitarias y el Estado Nacional por el cobro de los daños y perjuicios causados con motivo de la ejecución de la obra "Desague cloacal, tramos Wilde-Berazategui, Provincia de Buenos Aires", en la que Coll reclamó un resarcimiento de más de 50 millones de dólares.
El estudio apeló esa sentencia que declaraba la caducidad de la instancia, pero esa presentación fue extemporánea, es decir fuera de los plazos legales establecidos, con lo que el fallo contrario para su cliente habría quedado firme.
De acuerdo a la resolución, Fernández Madero, para evitar los perjuicios que le causaría a su cliente y a si mismo, decidió convocar a una escribana Silvina Dowbley de Toselli para que labrara un acta protocolar con la finalidad de simular que el mencionado escrito fue presentado en término y que el cargo colocado por el juzgado en el que tramitaba la causa en cuestión, era falso.
Para ello contó con la participación de la escribana, del cliente Coll y de los empleados del estudio Jaime de Olazábal, Claudio Festa y Pablo Ortiz, todos procesados, por haber colaborado en la maniobra "urdida por Fernández Madero", sosteniendo la validez del acta hasta que una resolución de la Corte Suprema dio por finalizado el juicio decretando su falsedad.
Según explicó la Cámara, lo que debía probar el acta en cuestión era que la escribana había tenido el escrito de apelación a la vista antes de las 9:30 del día 7 de agosto de 1997 para acreditar que había sido presentado en término.
"No puede perderse de vista que si la maniobra urdida por el Dr. Fernández Madero hubiera tenido éxito, habría caído el cargo judicial cuestionado y Coll podría haber conseguido, eventualmente la revisión de la sentencia que le había sido desfavorable", sostuvo la Cámara.
El fallo fue firmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, en tanto Horacio Cattani no firmó por hallarse en uso de licencia.
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