Continúan las críticas al fallo de la jueza Liberatori sobre la toma de los colegios

La protesta contra la Reforma Educativa que quiere aplicar el gobierno de la Ciudad, que comenzó el 29 de agosto, creció y ya tiene 30 escuelas porteñas tomadas por estudiantes secundarios.

A esta situación, se sumó en las últimas horas la decisión de la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, que hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la policía las ocupaciones.

Y la polémica se amplió luego de los fundamentos que expuso Liberatori respecto a la toma de colegios por parte de los alumnos: "Están haciendo uso de sus derechos constitucionales".

Infobae habló con tres expertos constitucionalistas que dieron su visión sobre el proceder de Liberatori.
El doctor Gregorio Badeni afirmó en forma contundente: "Creo que la jueza se equivocó y cometió un error muy grave. De ninguna manera puedo coincidir con la decisión que tomó la jueza Liberatori".

Y agregó: "Tampoco creo que sea un acto ilegal, como ella manifestó, recurrir a la policía para efectuar la denuncia. Se trata de hacer conocer la realidad a las autoridades para que el suceso acarree sanciones y así exteriorizarle a la policía lo que está pasando".

Por su parte, el constitucionalista Guillermo Lipera dijo: "En primer lugar, yo creo que su resolución no es ajustada a derecho, porque no contempla el derecho que tienen los alumnos que quieren estudiar. Segundo, toda medida realizada por la fuerza es ilegal. Por ende los alumnos que toman un colegio debe recibir sanciones disciplinarias".

El experto sostuvo también que "tiene que haber un respeto a la ley y a la ilegalidad. No puede hacer cada uno lo que quiere. Eso no es un Estado de derecho. Lo importante es que haya un respeto por la ley, un equilibro entre los derechos de todos pero siempre respetando la ley. Si no, nunca más vamos a ser un país creíble porque estaríamos dando un mensaje de que permitimos permanente que se violen la leyes".

En coincidencia con sus colegas, el doctor Alejandro Fargosi afirmó: "Estoy en contra, no es un derecho constitucional, es una equivocación muy grande. Primero la Argentina tiene un sistema en el que tienen prioridad los Tratados Internacionales de Derecho del Niño, tal como prevé el artículo 13 de la Convención de Derechos de Niño".

"La jueza Liberatori se basa en un artículo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no en la Constitución Nacional, en el que dice: Artículo 39, 'la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, les garantiza su protección integral y deben ser informados, consultados y escuchados'. Esto los convierte en todo aquello que los afecte, según la visión de la jueza, en gobernantes. Se convierten en comisión permanente de consulta del poder ejecutivo y legislativo. Los niños están para ser protegidos, no para ser huérfanos", sostuvo Fargosi.

Y agregó: "El artículo en el que se basa no tiene primacía sobre la Constitucional nacional que pone el Gobierno a los representantes debidamente elegidos. La educación pública es responsabilidad del Gobierno, no es del pueblo. Lo lógico es que las decisiones gubernamentales en materia de educación las tome el Gobierno. No podemos prescindir del sentido común para analizar las leyes. Ese artículo no está reglamentado y no se puede superponer a los Tratados Internacionales ni la Constitución Nacional", concluyó el experto.

Quién es la jueza Liberatori

Liberatori alcanzó repercusión en 2004 cuando ordenó cerrar la muestra del fallecido artista plástico León Ferrari. En 2008, a pocos días de la asunción de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, falló en contra de la intervención de la obra social de la Ciudad y ordenó reincorporar a 2.300 empleados municipales cuyos contratos estaban vencidos.

En 2012 anuló las sanciones que el Ministerio de Educación les había impuesto a alumnos que habían tomado escuelas. También obligó a la Ciudad a reincorporar a docentes despedidos por hacer una parodia del macrismo en un acto escolar. Además, limitó el funcionamiento de una línea 0800 que el gobierno porteño había puesto en marcha para denunciar irregularidades en las escuelas públicas.

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