
Desde el principio, la investigación tendiente a averiguar qué pasó y dónde está Santiago Maldonado estuvo marcada por una serie de errores y desaciertos del juez federal de Esquel Guido Otranto, que generaron una lentitud en la pesquisa que puede ser determinante para conocer qué ocurrió y dónde puede estar el joven tatuador desaparecido.
Infobae pudo reconstruir algunas de esas circunstancias. Apenas comenzada la investigación, el defensor oficial de Esquel Fernando Machado le pidió a Otranto que ordene la intervención de los teléfonos de los 40 gendarmes que habían entrado al territorio mapuche el día que desapareció Maldonado. El magistrado respondió "téngase presente", una especie de acuse de recibo pero sin tomar ninguna decisión sobre el pedido. Machado interviene en el expediente que se abrió como consecuencia del hábeas corpus presentado pocas horas después del desalojo de la ruta 40.
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En lugar de ordenar allanamientos a los escuadrones de Gendarmería y secuestrar elementos que podrían haber servido para la causa, Otranto prefirió hacer una simple inspección. En el escuadrón de El Bolsón, el defensor oficial Machado le pidió que secuestre todos los elementos que -sometidos a pericias- pudieran servir para determinar qué conducta tuvieron los efectivos antes y después del operativo en la ruta 40, y si ésta tuvo alguna vinculación con la desaparición de Santiago Maldonado. El juez se negó a hacerlo. En el lugar había, entre otros elementos que se podrían haber peritado, computadoras y cámaras de fotos.
Fuera del escuadrón de El Bolsón hay tres lugares -casino de oficiales, casino de suboficiales y enfermería- que Otranto no quiso inspeccionar. El 6 de septiembre prestó declaración testimonial el defensor oficial de Esquel y le pidieron que haga un croquis de la Lof (comunidad) mapuche porque hasta ese momento ni el juez Guido Otranto ni la fiscal Silvina Avila habían ingresado a ese predio.
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Cuando uno de los perros rastreadores siguió una huella de olor hasta la orilla del río Chubut y el juez no quiso seguir el rastrillaje del otro lado del curso de agua, el magistrado dijo que fue por la negativa de los mapuches porque se trataba de territorio sagrado. No fue así, según pudo saber Infobae tras consultar a varias fuentes con acceso a la investigación. Al momento de plantearse la posibilidad de continuar con el rastrillaje con perros del otro lado del río Chubut, Soraya Maicoño -una especie de vocera de la comunidad mapuche- señaló que la decisión de permitir el ingreso de los investigadores tenían que tratarla en asamblea. Fue más una aclaración sobre las costumbres de la comunidad que una oposición férrea de los mapuches.
El juez Otranto no ordenó que se haga ninguna pericia a un gorro de Santiago Maldonado que había sido encontrado. Tampoco le llamó la atención cuando estuvo en los escuadrones de Gendarmería que habían lavado los vehículos que habían participado del operativo de desalojo de la ruta 40. El magistrado se negó a un pedido para que las muestras de material genético recogido sean analizadas no solamente por la Facultad de Farmacia sino en paralelo y en forma simultánea por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
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Pero hay otro aspecto de la investigación que Otranto parece haber descuidado y es el que está relacionado con los teléfonos celulares que usaba Santiago Maldonado. El juez federal de Esquel ordenó que le informen el listado de llamadas entrantes y salientes únicamente del día en que habría ocurrido la desaparición de Santiago Maldonado, es decir el primero de agosto. Evitó requerir toda la abundante información que intercambian los aparatos de telefonía celular con las torres o celdas lo que habría permitido establecer el recorrido que hicieron los dos teléfonos que usaba Santiago Maldonado. Y no sólo la información del día que desapareció sino de los días previos y de los posteriores.
Para comprender la importancia de estos datos hay que entender cómo funciona la red de telefonía celular. Cada aparato tiene lo que se llama IMEI, que es un número que lo identifica, puesto por el fabricante y que no se puede alterar. Cuando un equipo se enciende o se produce una llamada, envía a la torre o celda más cercana una enorme cantidad de información, entre la que está incluida el IMEI y la identificación del chip, además de la hora y otros datos de interés para la investigación. Si se cambia el chip esto también lo informa el aparato cuando se enciende o cuando intenta establecer una comunicación. Por eso, aunque se cambie el chip siempre se puede rastrear la ubicación y el recorrido que hizo el equipo. Toda esta información es de suma importancia para la investigación a fin de establecer qué pudo haber pasado con Maldonado. Sin embargo, el juez Otranto no la requirió a las compañías de telefonía celular.
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El jueves pasado, el defensor oficial de Esquel, Fernando Machado, presentó un escrito solicitándole a Otranto que pida toda esa información a las empresas telefónicas. El juez respondió que eso ya se había ordenado cuando en realidad lo único que pidió fue el listado de llamadas entrantes y salientes del 1º de agosto.
En materia de investigación criminal son relevantes para determinar el éxito de la pesquisa las medidas que se dispongan en las primeras horas de ocurrido el hecho por lo que esta serie de desaciertos de Otranto está poniendo en jaque la posibilidad de saber dónde está Santiago Maldonado.
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