Los números de la crisis en comisarías bonaerenses: hay casi 200% de sobrepoblación de detenidos

Siete detenidos se fugaron este lunes por la mañana del calabozo de la Comisaría 2ª de Villa Ballester, jurisdicción de San Martín. Tenían diversos grados de peligrosidad: uno de ellos, Carlos Emanuel Ortiz, de 18 años, había sido arrestado por el robo y asesinato del zapatero Eduardo Herlein, ocurrido en junio pasado. La UFI Nº 16 de la jurisdicción interviene en la fuga; tres hombres ya fueron recapturados. La Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad tomó medidas sobre tres efectivos que cumplían funciones en la dependencia, imputados por supuesta complicidad.

Los vecinos de la zona llaman "el colador" a la Comisaría 2ª, dada la facilidad de los presos para fugarse. Sin embargo, de cara a la crisis general del sistema de comisarías, el apodo es un gesto de ingenuidad. Los detenidos a lo largo de la provincia son tantos que ya no entran.

Según revelaron fuentes del Ministerio de Seguridad a Infobae, las 432 comisarías de la provincia tienen cupo para alojar, idealmente, a 1.039 personas. Hoy albergan 3.035 detenidos; la sobrepoblación, reconocida por las autoridades mismas, asciende en un promedio general al 192 por ciento.

Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de julio de este año apuntó cifras similares. El mismo documento también aseguraba que más de 250 de las comisarías en el territorio provincial, casi un 70 por ciento del total, "tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la Justicia o por decisión ministerial". Sin embargo, más de 1.700 personas estaban presas en esas dependencias inhabilitadas al momento del informe.

El promedio general trazado por el CELS es, digamos, generoso. Hay casos graves. En mayo de este año, el doctor Mario Coriolano, titular de la Defensoría de Casación de la provincia, le entregó un documento de 53 páginas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU que visitó el país para inspeccionar y evaluar condiciones de detención. Coriolano informó a las Naciones Unidas que en mayo del año pasado realizó visitas a la seccional 1ª de San Justo y la distrital 3ª de La Tablada. San Justo reveló un exceso del 260 por ciento; La Tablada lo superó con un 287 por ciento. Coriolano regresó a la 1ª de San Justo el 15 de marzo pasado: encontró 56 detenidos, un grado de sobrepoblación del 373 por ciento, según informó a la ONU en su reporte el titular de la Defensoría.

El efecto de la campaña es evidente: el número de detenidos en comisarías se incrementó con particular fuerza en los últimos meses. Coriolano reportó a la ONU, en base a números del Ministerio a cargo de Cristian Ritondo, que en marzo de este año había 2014 detenidos en las dependencias policiales, mil menos que en el presente.

Así, el hacinamiento en las comisarías suma sus números a las cárceles del Servicio Penitenciario provincial. El resultado de esta matemática es el mayor número de presos en la historia bonaerense: más de 38 mil personas en total, de acuerdo a cifras oficiales, "el colapso del sistema de encierro en la provincia", apuntó el CELS.

La fuga de esta mañana en Villa Ballester es un resultado leve de esta saturación. Su contracara es el incendio de la Comisaría 1ª de Pergamino en marzo de este año, que les costó la vida a siete personas y que terminó con cinco policías presos. Pergamino no es un caso aislado: al menos 43 personas murieron en comisarías en los últimos cinco años. Acumular presos en pequeñas jaulas tiene consecuencias evidentes. "Este nivel de hacinamiento aumenta las fricciones y los brotes de violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles y constituye un factor de riesgo para otras calamidades", aseguró la Defensoría de Casación a la ONU.

Cerca del ministro Ritondo hablan de mejoras en el sistema y señalan al Ministerio de Justicia, a cargo del Servicio Penitenciario: "Ya fueron refaccionadas ocho comisarías y faltan más. La 2ª de San Martín está en la lista. Es un problema de logística. Si no van a hacer más cárceles y las cárceles no reciben a los detenidos, se van a acumular en las comisarías. Intuyo que Justicia estará esperando presupuesto para hacer más cárceles", apunta una voz de peso. En julio pasado, la Suprema Corte bonaerense intimó a los ministerios conducidos por Ritondo y Gustavo Ferrari a presentar un plan para mejorar las dependencias de detención.

El problema, en todo caso, no es algo para nada nuevo. Se trata, en todo caso, de un drama recurrente con picos y valles. Los detenidos en dependencias policiales de la provincia ascendieron a 4.022 en 2009, de acuerdo a datos del CELS, para bajar a 1.694 personas en 2014. En 2005, el llamado "fallo Verbitsky" de la Corte provincial declaró inconstitucionales los encierros prolongados en comisarías.

De todas formas, la crisis en comisarías ya no se debate solo en casa. En 2010, Rodrigo Gil Escobar, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por "las dramáticas condiciones" de las cárceles y comisarías bonaerenses tras una inspección. La CIDH, por otra parte, otorgó cautelares en dos ocasiones para dependencias provinciales de cara a presentaciones de la Defensoría de Casación y de la Comisión Provincial por la Memoria con "medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas detenidas" en zonas como Villa Galicia, Puente La Noria, Esteban Echeverría, La Tablada y, otra vez, la 1ª de San Justo.

Una dependencia en La Matanza, durante 2014, demostró estar al 532% de su capacidad. Una celda de 4 por 4 metros en Villa Galicia llegó a albergar de 16 a 18 presos, con ventilación casi nula y filtraciones tapadas por bolsas de nylon. La 10ª de Lomas de Zamora, de acuerdo al informe de la CIDH, nunca dejó de albergar detenidos a pesar de haber sido clausurada en dos ocasiones.