Cuestionan a la jueza que ordenó las reincorporaciones en la línea 60

Tras anular los despidos de diez empleados de la Línea 60, que habían sido desplazados de sus puestos de trabajo a raíz de los violentos incidentes registrados en septiembre de 2016, la jueza laboral a cargo de la causa, Stella Maris Vulcano, rechazó una apelación presentada por la empresa Microomnibus Norte S.A. (MONSA), propietaria de la línea de colectivos, alegando que ya había llamado con anterioridad a una audiencia de conciliación para el próximo miércoles.

Ambas decisiones de la magistrada fueron cuestionadas. Al respecto, el abogado laboralista Juan Manuel Lorenzo, aseguró a Infobae que la decisión de Vulcano "hace mucho ruido, o por lo menos cruje en el sentido común (porque) dentro de los fundamentos que ella utiliza para habilitar esta medida cautelar es que está tutelando alguna especie de paz social".

"Ella dice que lo hace para no generar más perjuicios a las partes. Pero frente eso está la seguridad y la integridad física de cada uno. Esta gente entró en una oficina a patadas y a golpe limpio, para agredir a la gente que estaba adentro para pedir que no echaran a nadie. Están anteponiendo la paz social, una frase muy linda, pero heterogénea, por encima de la integridad física de los trabajadores. Mañana vuelven a la empresa 10 tipos que rompieron a palos una puerta y se metieron en una oficina a apretar gente", detalló Lorenzo.

En la misma línea, el abogado laboralista Javier Adrogué sostuvo que "hay dos niveles de análisis, uno es estrictamente legal y otro que tiene que ver con el impacto de una sentencia en la opinión pública. A veces hay explicaciones jurídicas que no van de la mano con el impacto que tiene un fallo de estos en la sociedad".

En diálogo con Infobae, Adrogué además consideró que "esta cautelar cumple con los requisitos formales, pero no comparto el criterio de la jueza, porque aun cuando están los requisitos formales cubiertos, hay un tema de valoración, y si bien es cierto que la medida cautelar autoriza la reincorporación de los trabajadores despedidos, hay un decreto de 1988, el 467, que contempla que si la permanencia de los trabajadores dentro de un establecimiento pueda poner en riesgo la salud de las personas o los bienes de la empresa", un juez tiene sustentos legales para mantener las suspensiones y los despidos.

"Si los jueces utilizan estos razonamientos que no son legales para esquivar una norma, se acabó el Estado de Derecho, porque todo vale", dijo Adrogué, al tiempo que concluyó que "lo que hay que criticar fuertemente en el fallo es que recurra a este tipo de argumentaciones que no tienen que ver con el derecho", en referencia al argumento de la "paz social" que sostuvo la jueza Vulcano para ordenar la reincorporación de los empleados de MONSA.

Por su parte, desde la empresa afirmaron que "no queremos" a los empleados que fueron despedidos, y advirtieron que "con una Justicia laboral que toma este tipo de medidas no creo que empresarios quieran venir a invertir al país".

Los 10 empleados que habían sido despedidos y fueron reincorporados por la decisión de Vulcano son Claudio Martín Djinbashian; David Mariano Fernández; Rodolfo Humberto López; Guillermo Benedicto Balado; Alberto Antonio Pierdominici; Jorge Alberto Suárez; Jorge Daniel Ledesma; Cristian Gastón Suárez; Jorge Osvaldo Giménez y Marcelo Roberto Pizzardi.

Y los suspendidos también reincorporados son Rubén Oscar Cuellar; Daniel Erdelyi Silvera Hernández; Germán Rodrigo Miranda, Carlos Ramón Delgado; Daniel Alberto Soto; José Augusto Garnica; Juan Daniel Pérez; Gustavo Guaragna; Ángel Gonzalo Oscar Álvarez; Néstor Jorge Guevara; Guillermo Fabián Moyano; Adrián Esteban Salas; Carlos Javier Colman; José Jorge Gale; Ricardo Antonio Colman; Mario Norberto López; Adrián Ezequiel Acosta; Carlos Eduardo Landeira; Silvio Javier Esponda; Néstor Claudio Marcolin; y Héctor Rubén Cáceres.

La semana pasada se conocieron imágenes de los destrozos que provocaron los empleados luego de conocer el fallecimiento de David Ramallo, un técnico que murió aplastado por un colectivo mientras trabajaba en el taller del galpón.

A raíz del accidente, decenas de empleados destrozaron una de las oficinas que la empresa tiene en la nueva terminal del barrio porteño de Barracas. Además, en las grabaciones de las cámaras se puede ver cómo los delegados agredieron a algunos empleados administrativos de la compañía y atacaron a un colectivero que intentó sacar un coche a la calle en medio de un paro de actividades.

El objetivo de la audiencia

Lorenzo además contó a Infobae que la jueza Vulcano puede haber tenido dos argumentos en mente para convocar a una audiencia para el miércoles que viene. Por un lado, puede ser para "avenir a las partes a una conciliación" o para que se realice la "apertura de la prueba frente a las partes para que se impugnen mutuamente, con el objetivo de acelerar un poco el proceso".

Para Lorenzo, volver a realizar una audiencia entre las partes no tiene mucho sentido, ya que "en todo este tiempo tanto la UTA como MONSA tuvieron negociaciones bilaterales en el ministerio de Trabajo y no lograron resolver el conflicto. Superaron una etapa de conciliación obligatoria previa, la ampliaron y tampoco se pudieron poner de acuerdo. No es que los estás convocando por primera vez, ya vienen de un pasaje largo y no han llegado a un punto de encuentro".

Incidentes en la terminal de Barracas

Las imágenes de los ataques fueron divulgadas por Infobae el último viernes y reflejaron la brutalidad de los actos. Los trabajadores destrozaron las puertas y el inmobiliario de la oficina y se mostraron con una actitud muy violenta.

"Los hechos se produjeron por la burla que sufrimos por parte del personal administrativo al momento de enterarnos de la muerte de nuestro compañero que había sido trasladado al hospital", afirmó el delegado Néstor Marcolín.

En su momento, la empresa había justificado los despidos con la necesidad de "encuadrar el funcionamiento de la empresa" y para "defender el trabajo de otras 950 familias". Se había despedido a un total de 10 trabajadores y suspendido a 25.

No es la primera vez que los delegados de la Línea 60 se ven involucrados en hechos de violencia. De hecho, ya hay varios representantes procesados por "amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego" por incidentes sucedidos en 2011, 2012, 2014 y 2015.

La línea 60 cuenta con 340 unidades que cubren 19 ramales, en los que transportan diariamente unos 100.000 pasajeros entre sus terminales ubicadas en la Capital Federal y los partidos bonaerenses de Tigre y Escobar.

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