Los chicos de la Provincia perdieron 110 días de clases en la última década por los paros

Los tres millones de chicos que estudian en escuelas de gestión pública de la provincia de Buenos Aires podrían volver a perder días de clases. Es que los maestros anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo como una medida de protesta ante el ofrecimiento salarial realizado por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Si se toman en cuenta las huelgas realizadas en la última década, los estudiantes bonaerenses perdieron 110 días de clases. El número representa más de la mitad de un año escolar, estimado en 180 días según el calendario oficial.

El peor año para los chicos fue el 2014. Se perdieron 20 días si se suman las medidas de fuerza realizadas en el distrito bonaerense y los paros convocados desde la conducción docente nacional. Y el mejor fue el 2015, cuando el gobernador del distrito, Daniel Scioli, fue candidato a Presidente y concedió un aumento de casi 40 por ciento. Semejante suba se volvió un dolor de cabeza para las nuevas autoridades cuando llegó el momento de liquidar sueldos y aguinaldos.

Si se toman los paros realizados desde el 2002, la cifra es aún más alarmante y asciende a 118 días sin clases.

La negociación de este 2017 es compleja. El gobierno de Vidal ofrece un acuerdo que tiene un piso de 18% a pagarse en cuatro cuotas. ¿Por qué es un piso? Porque incluye una cláusula gatillo que ata la suba de cada trimestre al índice de inflación del Indec.

Los docentes rechazaron la propuesta porque consideran que la administración bonaerense debe pagar una compensación extra por la pérdida del poder adquisitivo registrado en 2016.

En La Plata no están de acuerdo con este análisis. Esta semana, el ministro Lacunza le mostró a sus colaboradores planillas rigurosamente elaboradas que muestran que en el global del 2016 los maestros ganaron un 2% con respecto a la inflación. Para ello calculó un indicador en base a las canastas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis que -ponderada- arrojó una pauta cercana al 36% para todo el 2016.

La incorporación de esos tres índices alternativos a los del Indec tiene un argumento: el organismo oficial de estadística volvió a medir la variación de los precios desde mayo y por tanto las autoridades no tiene aún un dato interanual confiable. La incorporación de la inflación de San Luis y de Córdoba se aproximan a las canastas de consumo que se registran en el interior de la provincia, justifican en La Plata.

Sin embargo, los gremialistas parten de una inflación en 2016 de 45%, la cual no se verificó en ninguna de las mediciones alternativas: Congreso, CET-CGT, Gobierno de la Ciudad. De ahí que consensuar el punto de partida de la negociación para luego agregar los dos restantes componentes se perfila como en punto de discusión para esta tarde.

Según datos oficiales, el promedio de los salarios que se liquidan todos los meses a los casi 280 mil docentes de gestión pública es de 19.200 pesos. El salario inicial para una jornada simple de cuatro horas de un maestro que recién inicia la carrera es de 9.800 pesos. Y hay inspectores que llegan a percibir hasta $50 mil de bolsillo.

Los números son importantes, pero en este tipo de negociaciones la política tiene un rol superlativo. De hecho, en la Gobernación creen que el escenario de conflicto puede ser funcional para Roberto Baradel. El secretario general de Suteba, el gremio con mayor representación, individual, con unos 68.000 afiliados, sobre un total de 280.000, tiene otros frentes abiertos además de las paritarias docentes. Su apellido suena como una posible ofrenda de unidad en el proceso de reconciliación de la CTA, donde Hugo Yasky y Pablo Miceli ya se comprometieron a dejar los lugares de poder.

Además, en un año donde los argentinos irán a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, en La Plata temen que las paritarias docentes sean utilizadas por algunos sectores como punta de lanza para "desestabilizar" al Gobierno. "Nosotros no les tenemos miedo, vamos a dejar el cuero en esta negociación. No somos como Scioli. Y no nos va a temblar la mano para utilizar todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance", repiten.

Entre esos instrumentos jurídicos que los funcionarios ya tienen estudiados en caso de que las paritarias no se enderecen antes del inicio de clases, previsto para el 6 de marzo, está la posibilidad de cerrar el acuerdo por decreto. Pero para llegar a ese escenario extremo todavía faltan varios días de negociación.

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