La Provincia cree que hay una "intencionalidad política" de desestabilizar al Gobierno detrás del paro docente

Sorpresivo. O quizás no tanto. Los docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro nacional mientras sus representantes estaban negociando salarios con varios ministros de la provincia de Buenos Aires. Lo paradójico del caso es que esta vez ni siquiera llegaron a escuchar los detalles de la propuesta que la administración pública tenía para hacerles.

Es por eso que el gobierno bonaerense cree que la convocatoria a la huelga para el 6 y 7 de marzo, los dos primeros días del calendario escolar, esconde una "intencionalidad política". Así lo manifestaron en público este viernes los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y Marcelo Villegas, quienes coincidieron en señalar que hay un interés en hacerle daño a la administración bonaerense en un año de elecciones para los argentinos.

"Cuando uno mira una serie de cosas que están pasando, hay una intención de atorar a un gobierno en un año electoral", declaró Villegas en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. "La intención es hacerle daño a un gobierno que no comulga con las preferencias políticas de los docentes", agregó Lacunza en radio Mitre al contestar una pregunta de Marcelo Longobardi. Con los micrófonos apagados, otros representantes de la administración de Vidal hablan directamente de un intento de desestabilización.

En la Gobernación dicen que la cara visible de ese proceso es Roberto Baradel, que si bien no es docente conduce a Suteba, el gremio con mayor representación en territorio bonaerense. Pero Baradel es "el autor material" -graficó Villegas-. "Tiene una clara afinidad con el kirchnerismo, fue el hombre que le hizo 17 días de paro a Daniel Scioli, en 2014, cuando tuvo alguna definición de cierta independencia política con el gobierno central. Y en 2015 le hizo cero días de paro cuando Scioli fue candidato del kirchnerismo", agregó.

La oferta realizada por el gobierno bonaerense contempla un piso de 18% a abonarse en cuatro cuotas de 4,5% y cláusula gatillo de revisión trimestral para indexar con la inflación de 2017. Los docentes quieren además una compensación por la inflación del 2016 porque creen que perdieron poder adquisitivo. En la administración bonaerense no están de acuerdo con este análisis. Esta semana, el ministro Lacunza le mostró a sus colaboradores planillas rigurosamente elaboradas que muestran que en el global del 2016 los maestros ganaron un 2% con respecto a la inflación. Para ello calculó un indicador en base a las canastas de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y San Luis que -ponderada- arrojó una pauta cercana al 36% para todo el 2016.

La incorporación de esos tres índices alternativos a los del Indec tiene un argumento: el organismo oficial de estadística volvió a medir la variación de los precios desde mayo y por tanto las autoridades no tienen aún un dato interanual confiable. La incorporación de la inflación de San Luis y de Córdoba se aproximan a las canastas de consumo que se registran en el interior de la provincia, justifican en La Plata.

Una vez anunciado el paro, una sorprendente campaña invadió las redes sociales. Bajo el hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo, cientos de usuarios, entre quienes hay docentes jubilados y profesionales de distintas áreas que van desde la ingeniería hasta la educación física, se pusieron a disposición de las autoridades para garantizar las clases. Uno de ellos fue Mariano Bronenberg, relacionista público y consultor en comunicación. "No soy maestro, pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha", anunció en un tuit que dirigió a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En cuestión de minutos, las adhesiones comenzaban a multiplicarse.

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