El Gobierno y el juez Otranto, bajo una dependencia mutua

El gobierno de Mauricio Macri y el juez federal Guido Otranto están bajo una dependencia mutua. El magistrado investiga el rol de Gendarmería Nacional en la desaparición de Santiago Maldonado y la causa –dependiendo su avance– podría alcanzar a funcionarios del macrismo.

A su vez, del gobierno depende un ascenso a camarista federal de Otranto y una denuncia en su contra por mal desempeño por su actuación en el juicio de extradición del líder mapuche Facundo Jones Huala.

Así son pliegues en las relaciones políticas y judiciales.

El gobierno mira de cerca la actuación de Otranto y lo hace con malestar por cómo lleva la causa. El juez espera un estudio de ADN para determinar si oficiales de Gendarmería, una fuerza que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo, se llevó a Maldonado el 1 de agosto después de un procedimiento en la ruta nacional 40 durante una protesta de mapuches en reclamo de sus tierras. En ese operativo estuvo presente Pablo Nocetti, jefe de gabinete de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Hasta donde avance el juez, acorde a las prueba que recoga en su investigación, llegarán las responsabilidades políticas.

El macrismo tuvo una primera postura de deslindar de cualquier responsabilidad de Gendarmería y esa tarea quedó a cargo de Bullrich, la jefa política directa de la fuerza. Esta semana, a un mes de la desaparición de Maldonado, la estrategia cambió: Macri habló públicamente del caso, distintos funcionarios dijeron que no descartaban la responsabilidad de Gendarmería y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi, viajaron a Esquel para reunirse con el juez.

Hay mucho interés político en manos de una sola persona. Otranto sabe de eso. Antes de ser juez de Esquel fue secretario de la Cámara Federal, uno de los tribunales de Comodoro Py por donde pasan las causas contra funcionarios públicos.

Otranto también mira de cerca del gobierno. El juez concursa para ser integrante del Tribunal Oral Federal de General Roca, lo que sería un ascenso a camarista . El proceso está a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección de los jueces y la investigación de su desemepeño.

En la primera etapa del concurso Otranto quedó primero entre 15 postulantes: obtuvo 170 puntos entre el examen escrito y sus antecedentes. Ese informe lo elaboró el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien salió sorteado para esa tarea, y fue presentado el 16 de junio pasado, un mes y medio antes de la desaparición de Maldonado, según documentación a la que accedió Infobae.

El caso está ahora a cargo del diputado del PRO Pablo Tonelli y la jueza Gabriela Vázquez. Esos consejeros deben analizar las impugnaciones presentadas en el concurso y realizar una entrevista personal con los postulantes. Luego tienen que presentar una terna de candidatos para ocupar el cargo.

En el Consejo la definición está en manos del plenario en donde se requieren nueve votos sobre los 13 integrantes del cuerpo para aprobar un concurso. El macrismo y sus aliados tienen ocho. Sin ese aval, Otranto no pasa el concurso.

La segunda etapa está en una sola mano: la del presidente Macri. Es quien elige a uno de los integrantes de la terna para enviar su postulación al Senado de la Nación, donde se define el nombramiento de un juez.

"El tema se habló en la mesa chica judicial, pero solo se comentó", le dijo a este medio una fuente que conoce de cerca el trabajo de los principales hombre del gobierno en materia judicial. Esa mesa la integra el ministro de Justicia, Germán Garavano, el representante del gobierno en el Consejo, Juan Mahiques, el secretario de Legal y Técnia, Pablo Clusellas, y jefe de asesores de Presidente, José Torello.

El Consejo también tiene dos denuncias por mal desempeño contra Otranto. La primera la presentó en noviembre del año pasado el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y la segunda un mes después Diego Perazzo, directivo de "Compañías Tierras del Sud Argentino", del empresario italiano Luciano Benetton, dueño de las tierras que los mapuches reclaman.

Las objeciones contra Otranto son porque declaró nulo el juicio de extradición a Chile de Huala, el líder mapuche que está preso desde fines de junio. La decisión del juez fue confirmada por la Corte Suprema que ordenó un nuevo proceso que ahora tramita en la justicia de Bariloche.

Las denuncias están a cargo del senador radical Ángel Rozas que pidió copia de la causa de extradición para analizarla.

Una eventual acusación contra Otranto para que vaya a juicio político por mal desempeño también depende de los votos del macrismo en el Consejo. Se trata de un caso de decisión judicial, algo que el Consejo ya tiene dicho que no está bajo su órbita excepto que se determine que el magistrado actuó con intencionalidad o arbitrariedad.