El funcionario sospechado por el negociado en la compra del edificio volvió a trabajar en la Procuración

El sábado 8 de abril pasado Infobae reveló que Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, funcionario de la Procuración General de la Nación, había cobrado $3.000.000 de comisión por su asesoramiento brindado en la operación de la compra-venta del edificio de la calle Perón 667, sede de las oficinas de Alejandra Gils Carbó.

En aquella nota se exhibió la factura que Thill le había extendido a Bárbara Jaureguiberry, quien había cobrado $7.700.000 de comisión para asesorar a la firma Arfinsa -del Grupo Bemberg- que vendió el edificio comprado por la Procuración en $43.850.000.

El lunes 10 de abril Gils Carbó firmó una resolución en la que dio crédito a lo publicado por Infobae y apartó a Bellingi de su cargo.

Revistaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Esa repartición fue armada con gente de suma confianza de Gils Carbó a punto tal que estuvo encabezada desde su creación en 2012, hasta abril de 2016, por el fiscal Carlos Gonella.

Allí trabajaba Bellingi hasta que lo suspendieron. En nombre de esa repartición fue, por ejemplo, quien analizó y comparó declaraciones juradas del presidente de la Nación Mauricio Macri en la causa judicial conocida como Panamá Papers.

Antes de llegar a la Procelac Bellingi había sido designado como "coordinador" del área de Administración de la Procuración. Y en los primeros meses de su carrera dentro de la Procuración tuvo una única ocupación: el armado de la licitación para la compra del edificio de la calle Perón 667.

El mismo día de la suspensión, Gils Carbó ordenó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de Bellingi y eventualmente de otros funcionarios de la Procuración en la sospechosa operación. El sumario está a cargo del fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez.

En ese expediente Bellingi fue indagado. Se negó a contestar la mayoría de las preguntas. Una respuesta que dio fue que "no sabía" que su medio hermano Thill iba a cobrar por el asesoramiento respecto de la licitación en la que él mismo tomaba decisiones importantes.

Lo cierto es que se venció el plazo de la suspensión y el sumario administrativo aún no ha concluido. Es por eso que desde la semana pasada Bellingi volvió a la Procuración General de la Nación. En vez de trabajar en la PROCELAC, ahora, en su regreso en medio de las sospechas de corrupción, fue destinado a un lugar un poco menos rutilante: la biblioteca de la Procuración General de la Nación.

Aseguran en la Procuración que Bellingi quedará allí hasta que Rodríguez concluya el sumario administrativo en su contra. El fiscal Eduardo Taiano pidió las indagatorias de varios de los protagonistas del caso de la compra del edificio de la Procuración. Entre ellos está la procuradora Gils Carbó y Bellingi, quien cuando fue designado trabajaba en forma "directa" bajo las órdenes de la procuradora.

En su pedido de indagatoria, Taiano describió la actuación de Bellingi en el caso: "puede  afirmarse que Bellingi se valió de su lugar de privilegio que obtuvo por decisión de Gils Carbó, desde el cual manejaba información clave, dadas sus funciones y su especial incidencia en el desarrollo del trámite licitatorio. Tal fue el direccionamiento estratégico del trámite que, mediante la interposición de su propio hermano Thill con la inmobiliaria Jaureguiberry, logró beneficiar económicamente a los involucrados mediante la adjudicación de la compra a la firma Arfinsa".

Su participación en el entramado que derivó en el sospechoso pago de comisiones millonarias en la compra del edificio de la Procuración no es el único problema penal que tiene Bellingi, quien manejó la licitación cuestionada. Está bajo investigación judicial por un delito de corrupción en otra jurisdicción.

El fiscal platense Álvaro Garganta instruye un expediente en el que Bellingi está imputado por haber armado una estructura de recaudación de dinero a partir del pago de sueldos de empleados que no trabajaban. Fue acusado de ser el que ideó la maniobra para cobrar sueldos y quedarse con el dinero a partir de su cargo de Director General de Administración del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bellingi ocupó ese cargo y luego fue Director Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el kirchnerismo. Finalmente recaló en la Procuración.

Aseguran en la Procuración que Bellingi, platense, fue acercado a Gils Carbó por José Sbatella, quien se ganó la simpatía de la procuradora porque ambos habían sido los que se opusieron -una como fiscal de la Cámara Comercial y otro como encargado de Defensa de la Competencia-, durante el mandato de Néstor Kirchner, a la fusión entre Cablevisión y Multicanal por parte del Grupo Clarín.

De aquella afinidad surgió –explican- la recomendación por la que Bellingi terminó a cargo de la licitación y luego dio charlas para combatir el lavado de dinero.