Edificio de la Procuración: el funcionario sospechado está imputado por corrupción en la provincia de Buenos Aires

La procuradora Alejandra Gils Carbó está bajo investigación judicial por el pago de comisiones en la compra del inmueble

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Guillermo Bellingi fue subdirector general de la Procuración General de la Nación. En ese lugar lo designó la procuradora Alejandra Gils Carbó para que coordinara el área de Administración. Gils Carbó, en aquella designación determinó que Bellingi dependiera en forma "directa" de ella.
La primera y casi excluyente tarea que tuvo en la Procuración fue la de manejar el inicio de la licitación pública que lanzó Gil Carbó para comprar el edificio de la calle Perón 667 donde funcionan las oficinas centrales del Ministerio Público Fiscal.

Esa licitación está bajo investigación judicial debido que se pagaron comisiones millonarias. Medio millón de dólares de comisión fue a parar a la cuenta de Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi.

Facsímil de la condena por corrupción en la que los imputados señalaron a Bellingi
Facsímil de la condena por corrupción en la que los imputados señalaron a Bellingi

La hipótesis de los investigadores judiciales es que Bellingi le dio información calificada a su hermano quien a su vez la trasladó-a cambio de dinero- a los que en definitiva iban a ser los ganadores de la licitación.
Se sospecha que la licitación fue direccionada para que la empresa Arfinsa –del Grupo Bemberg- fuera la beneficiaria. En el medio intervinieron la firma Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios y Juan Carlos Thill. Entre ambos se repartieron en comisiones facturadas y establecidas por contrato una cifra cercana a un millón de dólares.

A las cuenta de Thill fueron a parar 3 millones de pesos de julio de 2013, cuando se concretó la operación. Arfinsa recibió 43.850.000 pesos por parte de la Procuración. Y repartió 7,7 millones de pesos en comisiones.
Cuando Infobae reveló que Thill había cobrado la comisión millonaria, Gils Carbó apartó de su cargo a Bellingi, quien por entonces revistaba en la Procuraduría que combate el lavado de dinero (PROCELAC).
Bellingi decía saber cómo evitar el lavado de dinero y había tenido experiencia en la administración: había sido funcionario en varias reparticiones públicas.

Fragmentos de las confesiones donde nombran a Bellingi como quien “explicó” el mecanismo de corrupción
Fragmentos de las confesiones donde nombran a Bellingi como quien “explicó” el mecanismo de corrupción

Bellingi había sido Director General de Administración del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y por su actuación allí tiene abierta una causa en los tribunales de La Plata por el delito de administración fraudulenta.

El fiscal platense Álvaro Garganta está a cargo de la Investigación Penal Preparatoria número 06-00-26831-16 cuya carátula es "Juez Dr. Eskenazi, Eduardo. Juzgado Correccional 2 de La Plata denuncia en causa 1599/15.
Bellingi es uno de los cuatro imputados por un delito de corrupción. Es que el año pasado se realizó un juicio "directísimo" por el que varios imputados se declararon culpables por un negociado dentro del Instituto Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Admitieron su participación en la maniobra, la describieron y aportaron nombres. Obtuvieron penas de cumplimiento condicional.

La maniobra era simple. Durante 2008 tres empleados del Instituto Cultural Guillermo Daniel Zo, Walter Hugo Barragán y Jorge Luis Ledesma, generaban falsas liquidaciones de sueldos de gente que teóricamente había trabajado en la modalidad "Sala y Escenario" de los teatros dependientes de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que la organización pagaba sueldos todos los meses a gente que jamás había trabajado.

Se calculó que durante el año 2008 -período investigado- consiguieron una suma de 1.6 millones de pesos. Esos falsos sueldos constituían, según lo admitieron en el juicio, una "caja" que les permitía cobrar sobresueldos. Según confesaron cada uno obtenía un sobresueldo idéntico a su salario y el resto subía hacia otras esferas.

El juez Eduardo Eskenazi condenó en julio de 2016 a Barragán, Zo y Ledesma a penas que van de dos a tres años de prisión. Y los inhabilitó para ejercer la función pública de por vida.

Durante el juicio, la confesión de los imputados, llevó a que se abriera una investigación sobre Bellingi. Es que los condenados dijeron que la maniobra había sido armada por Bellingi quien había dejado el cargo debido al cambio de gobierno provincial sucedido en 2007. Asumió Daniel Scioli en reemplazo de Felipe Solá.

Luego del cambio de administración Bellingi estuvo unos meses más en su cargo. En uno de los testimonio de los que confesaron se lee que fue Bellingi quien "les explicó el mecanismo" para recaudar el dinero con falsos sueldos.

En su confesión Zo dijo que la manera de hacer caja "se trataba de una modalidad que venía de las anteriores gestiones, había sido Bellingi quien le explicó este mecanismo y le dijo que iba a trabajar con Barragán, que era quien le entregaba la valija con el dinero". Esa valija a su vez-siempre según Zo- alguna vez fue a parar a manos de Bellingi.

Esa historia de corrupción en la que está investigado Bellingi describe cuáles eran los antecedentes –desconocidos en 2012- de quién por orden de Gils Carbó manejó la licitación más importante de la Procuración desde la llegada de la ex fiscal en lo Comercial a ese cargo.

Luego de haber "armado" la licitación para comprar el edificio que quería Gils Carbó Bellingi fue derivado a la Procuraduría antilavado.

De ese modo un hombre que estaba involucrado en maniobras de pago de sobresueldos en la Provincia de Buenos Aires, fue designado en un lugar que debía luchar contra la corrupción. En esa repartición –conformada por gente de suma confianza de Gils Carbó- Bellingi dio cursos de capacitación para combatir las operatorias off shore y predicaba sobre la transparencia en la administración pública.

Ahora Bellingi está investigado por dos casos de corrupción. Uno en la fiscalía de La Plata a cargo de Garganta y otro en el juzgado federal de Julián Ercolini.

La investigación-en la que Gils Carbó está imputada- está delegada en el fiscal Eduardo Taiano quien acumula información para determinar cómo fue el millonario pago de comisiones derivado de la compra del edificio de la Procuración.

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