Diputados le dio media sanción a la ley para penar la corrupción empresarial, pero sin un artículo clave para el oficialismo

En la continuidad de la ley aprobada en general el miércoles pasado, el oficialismo recibió un revés en la votación en particular de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria: el artículo 37 -el más cuestionado- fue rechazado con 131 votos en contra y 87 a favor. Sin embargo, la iniciativa obtuvo media sanción y será girada al Senado para su aprobación final. 

En el texto original, este punto de la norma proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Desde la oposición lo tildaron de inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer "atribuirse cuestiones que no le pertenecen".

Luego de un largo y tenso debate, Cambiemos propuso una modificación leída por el diputado Luis Petri, que incluía la intervención de la Sindicatura General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el socialismo se pronunciaron en contra.

Fernando Sánchez (CC-ARI) fue el primero en defender el artículo argumentando que permitirá saber "los nombres de los funcionarios públicos" que hicieron negocios con más empresas: "Da la posibilidad de ayudar, no estamos entregando a nadie, salvo a los culpables".

En sintonía, Petri explicó que la ley en general es "imprescindible" para investigar la corrupción del futuro pero "para el pasado hay que votar este artículo".

En la otra vereda, además del FPV, quien llevó la voz cantante fue el massismo. Graciela Camaño manifestó: "Cambiemos sabe que propone algo inconstitucional. No busquen atajos para atribuirse cuestiones que no les pertenecen".

Luego, Rodolfo Tailhade (FPV) le contestó con vehemencia a Sánchez: "No me vas a correr con la corrupción. Te mandó a negociar Macri. Con este artículo quieren llevar información a la Justicia sesgada, no integral. Votamos en contra".

Stolbizer (GEN), también fue muy dura: "El acuerdo era que el artículo 37 volaba. Ahora nos quieren correr con un discurso distinto para hacernos creer que los únicos que pelean por la corrupción son ellos. El Ejecutivo no puede celebrar acuerdos judiciales. Votamos en contra de cualquier modificación".

A raíz de esto, la discusión derivó en si se permitía votar una propuesta alternativa de la diputada Ciciliani (Socialista). Desde el FPV rechazaron esta posibilidad porque para este artículo no había dictamen de minoría y, por ende, no correspondía votarse. Pedían que el debate finalizara con el artículo 37 caído.

Sin embargo, Cambiemos, impulsado por el propio Emilio Monzó, recurrió al reglamento de la Cámara para explicar que sí era posible. Según los artículos 157 y 162, la propuesta de Ciciliani podía ser votada, que Massot anticipó que el oficialismo apoyaba.

Tras un cuarto intermedio, el mismo Massot informó que "no hubo unificación de interpretación" del reglamento para votar el nuevo artículo. Esto fue celebrado por Héctor Recalde, quien manifestó su adhesión.

Una vez finalizado este tramo, el cuerpo votó por una modificación del artículo 62 del Código Penal que propuso la diputada Litza, del massismo. La intención era incorporar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y aumentar las penas en los delitos que defrauden a la administración pública para que no sean excarcelables.

El primer punto fue aprobado con 123 votos a favor, 79 en contra -el FPV entre ellos- y 13 abstenciones. El segundo caso obtuvo 195 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones.

Durante el debate, se generó un encendido debate que incluyó menciones a la corrupción del kirchnerismo y al gran ausente de la sesión: Julio De Vido.