Tras la decisión de la Justicia de intervenir el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SIVENDIA) y de desplazar a su secretario general, Omar Plaini, el sindicalista sostuvo que es víctima de una "persecución política".
La decisión, tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se produjo en el marco de una causa que se inició en 2013, cuando una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini hizo una presentación por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de ese año. A raíz de esto, el magistrado procesó a Plaini -sin prisión preventiva- por el delito de uso de documento público falso y lo embargó por 200 mil pesos.
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"Es una causa que evidentemente tiene un contenido político", aseguró Plaini en la puerta del sindicato, conocido popularmente como "de canillitas". "Nosotros solicitamos la proscripción por el tiempo que pasó. Estamos sufriendo una injusticia", agregó.
Plaini indicó que en el juzgado federal cambiaron la carátula de la causa y ahora lleva el nombre de "adulteración y uso de documento público". "Nos presentamos a derecho y de pronto, este último mes, se aceleró la causa por cuestiones políticas", señaló.
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El líder sindical afirmó que "hay un ataque al movimiento sindical" y que su procesamiento es consecuencia de haberse expresado a favor de Unidad Ciudadana, el espacio que lidera Cristina Kirchner.
El sindicato se encuentra intervenido y está custodiado por la Gendarmería Nacional, luego de haber sido allanado durante este lunes. Fue clausurara la secretaria general y desafectada la junta directiva. Plaini fue desplazado de su cargo de secretario general.
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El caso tiene características similares al que hace poco menos de un año derivó en la detención de otro histórico dirigente sindical, Omar "Caballo" Suárez, titular del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU). Esa entidad gremial fue intervenida y Suárez fue primero desplazado del cargo y en setiembre del año pasado, detenido en relación con dos causas judiciales.
En esta causa, la Justicia le informó al Ministerio de Trabajo que deberá adoptar los procedimientos pertinentes para designar a los funcionarios interventores, que tendrán entre sus misiones llevar adelante el proceso de normalización y convocar a una nueva junta electoral.
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