Violencia sindical en la línea 60: la Justicia citó a los empleados que destruyeron una oficina

La jueza laboral Stella Maris Vulcano, que había ordenado a la empresa Monsa –propietaria de la línea de colectivos 60– reincorporar provisoriamente en sus cargos a los empleados que fueron despedidos a mediados de mayo, recibió este mediodía a representantes de ambas partes para tratar de conciliar una salida del conflicto y definir la situación de los trabajadores que protagonizaron los violentos incidentes registrados en septiembre de 2016.

Según señalaron a Infobae fuentes judiciales, la magistrada escuchó a las dos partes, releyó el expediente y citó a los empleados sancionados por la compañía para el miércoles y jueves de la próxima semana para interrogarlos. Luego de tomarles declaración a los trabajadores despedidos con causa por la empresa, la jueza Vulcano tomaría una resolución.

Los 10 empleados que habían sido despedidos y fueron reincorporados provisoriamente por la decisión de Vulcano son Claudio Martín Djinbashian; David Mariano Fernández; Rodolfo Humberto López; Guillermo Benedicto Balado; Alberto Antonio Pierdominici; Jorge Alberto Suárez; Jorge Daniel Ledesma; Cristian Gastón Suárez; Jorge Osvaldo Giménez y Marcelo Roberto Pizzardi.

Y los suspendidos también reincorporados son Rubén Oscar Cuellar; Daniel Erdelyi Silvera Hernández; Germán Rodrigo Miranda, Carlos Ramón Delgado; Daniel Alberto Soto; José Augusto Garnica; Juan Daniel Pérez; Gustavo Guaragna; Ángel Gonzalo Oscar Álvarez; Néstor Jorge Guevara; Guillermo Fabián Moyano; Adrián Esteban Salas; Carlos Javier Colman; José Jorge Gale; Ricardo Antonio Colman; Mario Norberto López; Adrián Ezequiel Acosta; Carlos Eduardo Landeira; Silvio Javier Esponda; Néstor Claudio Marcolin; y Héctor Rubén Cáceres.

A mediados de mayo se conocieron imágenes de los destrozos que provocaron los empleados luego de conocer el fallecimiento de David Ramallo, un técnico que murió aplastado por un colectivo mientras trabajaba en el taller del galpón.

A raíz del accidente, decenas de empleados destrozaron una de las oficinas que la empresa tiene en la nueva terminal del barrio porteño de Barracas. Además, en las grabaciones de las cámaras se puede ver cómo los delegados agredieron a algunos empleados administrativos de la compañía y atacaron a un colectivero que intentó sacar un coche a la calle en medio de un paro de actividades.

Esta nueva instancia judicial se desarrolló un día después de que en los últimos días la Sala IV de la Cámara del Criminen confirmara el procesamiento de Esponda y Marcolín con un embargo preventivo a cada uno de ellos por $100.000, por entender que el Juzgado resolvió correctamente procesarlos por el delito de amenazas coactivas por hechos sucedidos a mediados del 2015.

Además, estos dos empleados tienen otros procesamientos por estafa y administración fraudulenta al impulsar una medida de fuerza que consistió en no cobrar el boleto a los pasajeros.

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