El Gobierno busca que Odebrecht firme una carta de intención, pague y entregue información

El acuerdo de colaboración que Odebrecht le propuso al Gobierno, que según la Casa Rosada preveía inmunidad judicial y la continuación de contratos estatales para la empresa a cambio de entrega de información vinculada al pago de sobornos en el país, es "inaceptable". Así lo confiaron fuentes oficiales que, sin embargo, adelantaron a Infobae que le pedirán a la compañía brasilera la presentación de una carta de intención en la que se comprometa, al menos, al desembolso de una suma idéntica a la que reconoció como pago de coimas y a desempolvar todos los datos vinculados a las obras que están bajo investigación de la Justicia y de organismos del Poder Ejecutivo.

Según fuentes gubernamentales, la carta de intención surgió como una alternativa propuesta por la Casa Rosada ante el acuerdo impulsado por la empresa, considerado inviable en estas últimas horas por parte del Gobierno, cuyas negociaciones fueron llevadas adelante por Germán Garavano y monitoreadas por el propio Mauricio Macri y su círculo más estrecho de asesores jurídicos. El sábado, el ministro de Justicia se reunió en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos con los abogados de Odebrecht, que le entregaron documentación, tal como publicó ayer este medio. 

La empresa, investigada en el país por el pago de sobornos a funcionarios nacionales por 35 millones de dólares -como reconocieron sus propios directivos-, podría suscribir la carta de intención en los próximos días, lo que implicaría, al menos, el pago de dicha suma como el puntapié inicial para la apertura por parte de la compañía de toda la información relacionada con sobreprecios e irregularidades en las tres obras que el gigante brasilero emprendió en nuestro país y que son investigadas por la Justicia federal: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento -en consorcio con la argentina IECSA y la italiana Ghella-, la construcción de la planta potabilizadora de agua de AYSA Paraná de las Palmas y el proyecto de ampliación de gasoductos en Córdoba. Fue una propuesta de la Procuración del Tesoro, que trabaja en el tema junto al Ministerio de Justicia y a la Oficina Anticorrupción.

De hecho, el procurador Bernardo Saravia Frías está abocado a determinar el verdadero perjuicio económico que sufrió el Estado, como publicó este lunes el diario La Nación. "El análisis abarca contratos, sanciones administrativas y redeterminaciones de precios. Esa información será comparada con los resultados de los informes de auditorías que llevan adelante desde la Sindicatura General de la Nación, y de ese trabajo va a surgir el monto de la multa que la empresa se comprometa a pagar", explicaron a última hora de este lunes fuentes oficiales al tanto de las negociaciones con la firma. Insistieron, en tanto, en que el acuerdo que pretendía suscribir Odebrecht, similar al alcanzado en Brasil o los Estados Unidos, era inviable por la legislación argentina. Y que, además de los sobornos, la estrategia apunta a develar las maniobras vinculadas a supuestos sobreprecios en la obra pública. En ese caso, y ante eventuales imputaciones de funcionarios o ex funcionarios, será la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, la encargada de llevar adelante la acción penal, según abundaron las fuentes consultadas.

Las tratativas del Poder Ejecutivo se dan en paralelo a la confirmación de la empresa de remitir al Ministerio Público Fiscal, a partir del próximo jueves, el capítulo argentino de la delación de Odebrecht, cuyos datos aportados por los directivos brasileros deberán mantenerse bajo confidencialidad, tal como pidió la Procuración General de Brasil.  Ayer, la Casa Rosada volvió a sembrar un manto de sospecha en torno al rol de la procuradora Alejandra Gils Carbó, que deberá girar esa información a los fiscales que investigan a la constructora.

"Nuestra postura como gobierno es que claramente la procuradora ha tenido una actitud muy pasiva en este tema, y de mínima podemos atribuir, y esperemos equivocarnos, a sus vinculaciones políticas con el kirchnerismo. Si por razones legales hubiera un impedimento de hacer pública (la información), hay otros instrumentos, como es la Comisión bicameral de seguimiento de la Procuración en el Congreso o la Oficina Anticorrupción", aseguró ayer por la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, después de anunciar la salida de la canciller Susana Malcorra. Por la noche, Garavano volvió a machacar en el mismo sentido.

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