El fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación de la compra del edificio de la calle Perón 667 de la Procuración General de la Nación, pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) determine cómo fue la ruta del dinero que se pagó como comisiones a dos intermediarias que intervinieron en la operación.
El juez Julián Ercolini delegó en Taiano la investigación debido al sospechoso pago de comisiones de $7.700.000, que realizó la firma Arfinsa S.A luego de venderle a la Procuración –a mediados de 2013- el edificio de Perón 667 en $43.850.000.
Según reveló Infobae en exclusiva el sábado, una comisión de $3.000.000 fue cobrada por Juan Carlos Thill, promotor de seguros, hermano de Guillermo Bellingi quien como subdirector general de la Procuración intervino en el proceso licitatorio del edificio.
A partir de esa publicación la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, investigada en la causa judicial, apartó a Bellingi de su cargo y ordenó la realización de un sumario interno. Esas actuaciones las realiza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez.
La UIF, un organismo del gobierno nacional que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, tiene a cargo el combate contra el lavado de dinero. Y a partir del pedido del fiscal Taiano deberá informar cómo fueron los movimientos de dinero de los involucrados en el pago de comisiones millonarias realizadas por la compra del edificio.
Todas las operaciones se hicieron en blanco y tienen sus respectivas facturas y respaldos. Es decir que la trazabilidad del dinero está garantizada por lo menos en primera instancia. La Procuración le pagó a Arfinsa por el edificio. A su vez esa sociedad perteneciente al Grupo Bemberg contrató a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por 7,7 millones de pesos para que la asista en la venta del inmueble. La inmobiliaria de zona Norte del Conurbano contrató a Thill, productor de seguros de Los Hornos, en La Plata, para a su vez ser asesorada en la licitación. Le pagó 3 millones de pesos. Los contratos entre las dos "asesoras" se firmaron antes del llamado a licitación que se hizo público recién días después de esos acuerdos millonarios sospechados por la justicia. Los investigadores sostienen que eso se hizo porque tenían información calificada desde dentro de la Procuración.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, los integrantes de la UIF deberán determinar -en principio- cómo fueron los movimientos de dinero de Arfinsa, de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, de Thill y también de Bellingi, el funcionario de la Procuración apartado de su cargo.
Además la UIF tendrá que relevar si los bancos donde se depositaron las millonarias cifras de dinero realizaron algún reporte de operación sospechosa para poner en aviso de una posibilidad de lavado de dinero.
El caso judicial recién comienza. Está en la primera etapa de recolección de pruebas y documentación. Se debe reconstruir un hecho que sucedió hace cuatro años. Cuando Gils Carbó llevaba apenas unos meses como jefa de todos los fiscales nacionales y decidió mudar las oficinas centrales del viejo edificio de la calle Guido en Recoleta a uno diferente.
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