
La causa por la detención ilegal y tortura de tres personas por la que fue encarcelado el ex jefe del Ejército César Milani no es la única que lo complica. Milani es protagonista de otras tres investigaciones en la Justicia: una por la desaparición del conscripto Alberto Ledo en 1976, otra por enriquecimiento ilícito y la restante por negocios irregulares.
La causa que indaga en la desaparición de Ledo está a cargo del juez federal de Tucumán Fernando Poviña, quien ya lo indagó por su aparente responsabilidad en ese episodio ocurrido durante la última dictadura militar. Milani está acusado de falsificar un acta de deserción del soldado Ledo con el objetivo de desviar la investigación del conscripto que está desaparecido.
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Por otro lado, el juez federal Daniel Rafecas resolvió procesar a Milani en diciembre por enriquecimiento ilícito, y ordenó embargarlo por $5 millones. El ex jefe del Ejército nombrado en 2013 por Cristina Kirchner es investigado por la compra, en junio de 2010, de una casa en el barrio La Horqueta en San Isidro.
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Según la imputación del fiscal Jorge Di Lello, Milani declaró en escritura pública haber comprado esa vivienda por $ 1.500.000, una cifra que no debería poder justificar de acuerdo a su patrimonio. Según declaró el ex militar, el dinero para comprar el inmueble se lo prestó su amigo Eduardo Enrique Barreiro, quien también está acusado de haber cometidos delitos de lesa humanidad.
Por último, el fiscal federal Patricio Evers investiga a Milani como consecuencia de una denuncia anónima presentada en noviembre de 2014, que acusa al ex jefe del Ejército de haber hecho una compra a la empresa estadounidense Acrow, especializada en la construcción de puentes metálicos.
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El denunciante anónimo aportó artículos periodísticos que vinculan a la firma Acrow con denuncias por corrupción en países como Chile y El Salvador. En la licitación oficial, registrada bajo el número 35/2014, no figura el precio total de los puentes que ingresaron al país. Además, el denunciante dijo que toda la operatoria se llevó a cabo con la complicidad de un alto funcionario de la Aduana, quien se habría negado a controlar el negociado debido a que se trataba de un negocio del ex jefe del Ejército.
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