
El Gobierno modificó hoy con un DNU la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia y que tiene a su cargo la Dirección de Captación de Comunicaciones, en medio de la reciente difusión de una serie de escuchas judiciales vinculadas a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner.
El Decreto 102/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece que ese organismo estará integrado a partir de ahora por "dos jueces penales con rango de Juez de Cámara", cuando hasta ahora estaba dirigido por un solo magistrado, que "serán designados por sorteo y actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente".
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En tanto, sus mandatos fueron ampliados de uno a tres años, y cumplido ese plazo, el subdirector reemplazará al director y se procederá a la designación por sorteo de un nuevo magistrado.
Los magistrados Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, continuarán como director y subdirector, respectivamente, de esta oficina de escuchas judiciales, cuyos mandatos estaban próximos a vencerse.
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El DNU establece también que "quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años".
En diciembre de 2015, pocos días después de su asunción, el presidente Mauricio Macri transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que hasta ese momento dependía de la Procuración General de la Nación, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que quedó al frente de las escuchas judiciales.
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En los últimos días trascendieron distintas escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en distintas conversaciones ocurridas el año pasado con la ex mandataria y otros ex funcionarios kirchneristas.
Funcionamiento de la Dirección
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación fue creada, en su forma original, para constituir el único órgano del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal.
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Además, se previó que la Dirección brinde colaboración directa en expedientes determinados a requerimiento de los diferentes magistrados respecto de delitos complejos y organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano.
Con posterioridad y, en lo sustancial, con el objeto de aportar herramientas que permitan detectar estructuras delictuales que subyacen en las estructuras propias de la sociedad, se transformó su estructura, estableciendo como objetivo general de la Dirección el de auxiliar a las autoridades en causas complejas y de crimen organizado, manteniendo sus competencias e incorporando nuevas funciones, para intervenir en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, delitos de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.
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Dentro de las disposiciones que regulan la actuación del organismo desde su conformación inicial, se incorporó la promoción de transparencia de los actos y acciones que son de su incumbencia, la fijación de un sistema de control, el seguimiento del principio de respeto de la libertad y la privacidad de las personas, la reserva absoluta de la información y la garantía de cadena de custodia; ello ha conformado la columna vertebral del ejercicio de las actividades del organismo.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado está dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, y por eso es autónoma respecto de la Corte, tanto en lo funcional como en la gestión.
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La Corte Suprema tiene facultades de modificar su estructura, pero la dirección tiene autonomía funcional y de gestión.
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