La Oficina Anticorrupción recomendó hoy la elevación a juicio oral de la causa que investiga la licitación del plan Qunita, el programa que preveía la compra de kits destinados a embarazadas y madres recientes, al considerar que "se adjudicó la contratación a un precio excesivo e injustificado" a seis firmas de manera "direccionada".
La titular del organismo, Laura Alonso, en un escrito de 74 páginas que presentó ante el juzgado del juez federal Claudio Bonadio y al que accedió Infobae, detalló la responsabilidad de los 18 procesados por justicia, empresarios y ex funcionarios entre los que se encuentran el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, en el proceso de implementación del programa ordenado por la ex presidenta Cristina Kirchner a un costo de 1.100 millones de pesos.
"La actuación de los funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado", afirmó la Oficina Anticorrupción. En el texto, además, se agrega que "la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación, debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso, donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados".
En este sentido, el organismo advirtió que "tanto funcionarios públicos como particulares actuaron desde sus diferentes cargos y roles empresariales bajo el designio común de beneficiar" a las empresas que resultaron proveedoras de Qunita como Compañía Comercial Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Fibromad SA, y Fasano SRL. Todas las empresas, de acuerdo a la presentación, no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados: sólo tenían experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
También pone foco en la Decisión Administrativa n° 300/15, que adjudicó la licitación a las mencionadas firmas "a pesar del precio excesivo" y las irregularidades en el pliego y "la solicitud de un segundo valor a la SIGEN y la prosecución a pesar de subsistir la diferencia de precios".
En promedio, las empresas que resultaron ganadoras del contrato ofertaron un valor promedio a los $ 7800 por kit, meintras que el valor estimado por la SIGEN en su primer informe fue de $ 4096,37.
Por el plan Qunita, Bonadio resolvió procesar a principios de febrero, entre otros, a Fernández, Gollán y también al ex ministro de Salud kirchnerista Juan Manzur. En abril, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos aunque revocó la acusación contra el actual gobernador de Tucumán.
En agosto, la Oficina Anticorrupción fue aceptada como querellante en la causa. Hace dos semanas el fiscal Eduardo Taiano también pidió la elevación a juicio oral ante Bonadio.
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