
El último lunes 11 de diciembre y con apuro, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó poner en agenda una moción presentada por un grupo de legisladores para “remover de inmediato a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”. Los fundamentos de Alejandro Muñante, Roselli Amuruz, Jorge Montoya y otros congresistas para intentar acabar con la JNJ se basan en una serie de afirmaciones emitidas por Jorge Del Castillo en su función como abogado defensor de la cuestionada Patricia Benavides.
Durante los días que la Junta Nacional de Justicia efectuó el procedimiento disciplinario inmediato en contra de Benavides, tras la revelación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’; su abogado, el investigado Del Castillo, lanzó una serie de acusaciones alegando que “se había incurrido en una falta al debido proceso” tomando como base una serie de hechos. No obstante, estas afirmaciones eran fácilmente rebatidas con una simple revisión al reglamento de procedimientos disciplinarios.
El supuesto “informe final que emitía una sentencia”
Esta fue una de las primeras inexactitudes esgrimidas por Jorge Del Castillo y que ha sido usado como base por los legisladores de Renovación Popular y Avanza País para impulsar el pedido de remoción de la JNJ. Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, Del Castillo señaló que existía una intención premeditada por parte de la JNJ por suspender a Benavides.

No obstante, con el transcurso de las horas, la institución aseveró que el documento presentado por el investigado aprista era, en realidad, un informe elaborado por la miembro instructor en el marco de sus investigaciones en el proceso disciplinario inmediato. En ese sentido, este documento, lo único que hace, es brindar una recomendación al Pleno dentro de sus competencias. Además, para el voto final de este, el miembro instructor se inhibe de participar, a fin de que el proceso sea lo más justo posible.
El pedido de inhibición “no respondido”
Poco antes de que la suspendida fiscal Patricia Benavides compareciera ante la JNJ, presentó un pedido de inhibición en el que solicitaba a cuatro de los siete concejales de la institución que la investigaba, que se aparten del caso, aduciendo la existencia de un conflicto de interés porque ella ya los investigaba a ellos. Según el artículo 17 de la Ley Orgánica de la JNJ, este trámite tiene un periodo de resolución máximo de 5 días.
Asimismo, en el artículo 58 del reglamento de procedimientos disciplinarios de la JNJ, se precisa que el mismo miembro instructor tiene la posibilidad de “rechazar de plano todo pedido de naturaleza manifiestamente dilatoria”. Pese a ello, el mismo Jorge Del Castillo evitó encarar a la JNJ alegando que “no se había respondido” al pedido de inhibición”, el cual fue presentado dos días antes de la audiencia.

El supuesto “proceso exprés”
Como si no fuera suficiente, el más fuerte de los rumores sobre los que se basa el pedido de los congresistas para remover de forma inmediata de los miembros de la JNJ es el presunto ‘proceso exprés’ al que fue sometida Patricia Benavides Vargas, el cual demoró poco más de 10 días.
No obstante, en un comunicado emitido por la Junta Nacional de Justicia, la institución aclaró que el proceso correspondía a un proceso disciplinario inmediato, el cual se caracteriza por su rapidez, al “existir evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.
Sobre ello, el exfiscal Víctor Cubas Villanueva afirmó en una entrevista para RPP que existían, de hecho, “un conjunto de actos por demás arbitrarios”.
“La remoción de la fiscal que investiga a su hermana (Enma Benavides); la desarticulación de los equipos que practican investigaciones en casos complejos de corrupción; la remoción del doctor Almanza, del caso Sánchez Paredes; la remoción de todos los fiscales de trata de personas; la remoción injustificada de la doctora Magaly Quiroz Caballero, que estaba viendo el caso denominado de los cuellos blancos”, enumeró el exfiscal.

Asimismo, cabe destacar que esta no es la primera vez que se inicia una suspensión en contra de un fiscal de la Nación. Cubas Villanueva recordó que, en el 2014, lo mismo sucedió con el fiscal Carlos Ramos Heredia, a quien se lo separó del cargo a fin de que no entorpezca las investigaciones en su contra. En aquella oportunidad, se decidió aplicar la sanción de destitución luego de efectuarse las pesquisas respectivas.
“Anteriormente, (Pablo Sánchez) lo había hecho (asumir interinamente la FN), en el año 2014. Cuando en el Consejo Nacional de la Magistratura existió una investigación promovida con relación al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, adoptó la decisión de suspenderlo con la finalidad de que no entorpezca la investigación que se iba a desarrollar; y luego de culminar la investigación, adoptó la decisión de sancionarlo aplicando la destitución. Es un caso similar, el de ahora y, por lo que se ha publicado, es indudablemente más grave”, aseveró.
El perfil de Patricia Benavides, según Víctor Cubas Villanueva
En su entrevista, Cubas Villanueva afirmó tener un “conocimiento personal” respecto a Patricia Benavides, en ese sentido, consideró que sus acciones actuales confirman la impresión de desconfianza que tenía sobre ella.
“Lo confirma en demasía, porque el Ministerio Público es una institución, por lo menos en Lima, relativamente pequeña. Trabajábamos en un mismo edificio y nos conocíamos todos. (...) La señora fiscal suspendida dice que en todos los casos (en los que ha intercedido) han habido motivos, y eso no es cierto. Miente con una facilidad extraordinaria. Yo observo que la señora Benavides es muy hábil para hacer cosas indebidas y no tiene la misma reacción inteligente para los casos que son propios del ejercicio de la función”, concluyó.
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