La larga historia de inestabilidad económica y volatilidad cambiaria que acredita la Argentina han calado hondo en el pensamiento de muchos economistas y algo menos en los empresarios, porque ven una suerte de atraso del tipo de cambio respecto del ritmo inflacionario, y más aún en comparación con niveles que había tocado entre septiembre y marzo últimos. En este caso más en aquellos no acostumbrados, ni interesados, en competir con el resto del mundo, si no es con la ayuda de algún gobierno a costa de otro sector o la ciudadanía, o algún acuerdo ad hoc, como el del Mercosur que arrastra enormes falencias, porque no posibilitó que la región elevara su injerencia en el mundo.
Fue así que en la mayor parte de los tiempos en los que se impuso un tipo de cambio alto, se instalaron las retenciones a las exportaciones de la producción agropecuaria, porque de lo contrario se consideraba que aseguraba una enorme transferencia de ingresos de las poblaciones urbanas a las zonas rurales, en particular de explotación extensiva, como los cereales, oleaginosas y la ganadería vacuna, en tanto el sector manufacturero apenas ganaba algún peso.
Aunque en la práctica fue un recurso para posibilitar el crecimiento de un estado crecientemente ineficiente y discrecional, que contribuyó a alimentar la pérdida de competitividad de la producción nacional, sea agropecuaria, como industrial, porque no mejoró la infraestructura vial, portuaria y trabó el desarrollo de la más moderna tecnología de comunicaciones, en tanto descuidó el desarrollo de la infraestructura social.
Pero los tiempos han cambiado y hoy la explotación agrícola, como la ganadera y más aún las regionales como los vinos con certificado de origen y las frutas, tienen tanto o más valor agregado que las manufacturas industriales no agropecuaria, por el desarrollo de la genética, la calidad de semillas resistente a las malezas y creciente rendimiento, junto a nuevas tecnologías de labranza, cosecha y guarda de la producción a la espera del mejor momento para la venta, en particular en el cada vez más competitivo mercado internacional.
Y aun así, por el tiempo perdido, en particular en los últimos ocho años, desde la crisis del campo, la frontera agropecuaria está lejos de haber alcanzado el punto de saturación. Sin embargo, para cerrar esa brecha, ese sector no reclama tanto un tipo de cambio más alto, como reglas estables y perspectivas de reducción de la exagerada presión tributaria en los tres órdenes de Gobierno, nacional, provincial y municipal y también del alto costo del dinero, aunque en este caso para los exportadores ya se aproxima a la media internacional.
Un análisis que parece incompleto
Por el contrario, en la industria manufacturera, pero principalmente en el análisis de muchos economistas, vuelven a intensificarse las voces de preocupación por un tipo de cambio que advierten que se fue atrasando, porque frente a la generalizada devaluación de las monedas y la crisis de Brasil, impide sostener las exportaciones y de ese modo impulsar la producción para ese destino.
Más aún porque perciben un mercado interno recesivo por el efecto de los cambios de precios relativos que significó el sinceramiento del tipo de cambio oficial, la suba de las tarifas de los servicios públicos y el alza de las tasas de interés que dispuso en diciembre el Banco Central, como estrategia para desalentar la demanda de dólares como refugio de valor, aunque desde mayo inició el proceso inverso.
Para eso se valen de una cuenta que parece a todas luces indefendible: "Si el dólar cotizaba a $16 y ahora está en $14, mientras la inflación interna se acercó al 20% en el primer semestre de Gobierno, entonces se está en presencia de un atraso cambiario".
Sin embargo, en una visión un poco más retrospectiva, a un año atrás, se advierte que el tipo de cambio oficial base que se le reconocía al exportador se elevó en torno a 50%, unos 10 puntos porcentuales más que el aumento de los precios domésticos, y algo más para el caso de los exportadores de cereales y oleaginosas que debían transferir a la AFIP entre 20 y 35% del valor de sus ventas al exterior, en concepto de retenciones que rigieron hasta diciembre último.
Además, en estos primeros seis meses de Gobierno cambió el escenario de precios internacionales de las materias primas, como el petróleo y los metales, y en el caso del complejo sojero se intensificó aún más por efecto de las pérdidas de cosechas que provocaron las inundaciones en la zona centro y litoral del país.
Y a eso hay que sumarle la contribución que puede hacer a una mayor competitividad la reducción de la alta capacidad ociosa que registra todo el espectro productivo del país, habida cuenta de que sobre 29 sectores industriales el Indec registró aumentos de producción en 13 grandes ramas de actividad, dos más que los que acusaron merma, y las expectativas reafirmaban la perspectiva de reactivación que el propio presidente, Mauricio Macri, espera confiado para el último trimestre.
Además, no debieran desestimar quienes se inquietan por una suerte de atraso cambiario que, a diferencia del pasado reciente, y también de la modesta historia con tipo de cambio fluctuante, ahora la paridad cambiaria la determina el mercado, como ocurre en la mayor parte del planeta, con mínimas intervenciones directas de la autoridad monetaria, más allá en lo atinente al manejo de la tasa de interés, para tender al objetivo de inflación de un dígito anual en cuatro años.
De ahí que si el Gobierno logra estabilizar la economía, con las amargas disciplinas monetaria y fiscal, y los legisladores acompañan la posible propuesta de incluir en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017 de Gastos y Recursos una reforma tributaria y laboral integral que anticipó en exclusiva a Infobae el presidente Mauricio Macri, ya no habrá margen para esperar que reaparezca la mano débil de un ministro de Hacienda o de un presidente del Banco Central para que firme un salto cambiario, y abandone el régimen de flotación con mínima intervención, para generar una competitividad artificial de la industria, porque rápidamente eso contribuiría a reimpulsar la inflación, y a volver a neutralizar el efecto buscado, aunque otra vez con alto costo para la sociedad, en particular la más vulnerable.
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