Además de los famosos de ocasión, la temporada de verano 2017 tuvo otros protagonistas. Agua. Mucha. En forma de inundaciones que tapizaron campos y poblados principalmente en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Y que se reeditó en marzo y abril con las tremendas inundaciones de Comodoro Rivadavia, Santiago del Estero, Tucumán. Un país bajo agua.
Fuego. Demasiado. Un millón y medio de hectáreas en la provincia de La Pampa con miles de damnificados y cientos de acusaciones cruzadas entre gobernantes, chacareros y otros deudos.
Aludes. Que así como dos veces anteriores se llevó la salteña Tartagal, esta vez dejaron su huella de deforestación en la provincia de Jujuy. ¿Cuánto tiene que ver este tipo de deslizamientos con la pérdida de la cobertura vegetal a una tasa de desaparición del equivalente a tres canchas de fútbol por día? ¿Qué tienen en común la inundación, los incendios forestales y los aludes además de convocar a los noticieros bajo el rótulo de "catástrofe"?
La ausencia de prevención, la crisis de ordenamiento territorial y la creciente vulnerabilidad de la población o sus actividades económicas frente a inclemencias de la naturaleza que llevan miles de años operando sobre el planeta. "Un desastre no debe confundirse con el evento climático, meteorológico o geológico que le da origen", sostuvo el experto Andrew Maskrey en un célebre libro llamado "Los desastres no son naturales". Un desastre natural, decía Maskrey, es un proceso económico, social, político y ambiental detonado por un episodio originado en la naturaleza.
Impedir la sequedad que propaga los fuegos o techar las ciudades sobre las que caen los aguaceros está fuera de toda posibilidad. Y apenas lamentarse no es propio de quienes tienen responsabilidad en el Estado. La ciencia social y ambiental han descripto muchas acciones anticipatorias tendientes a reducir la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que se derrumban los cielos o crecen los ríos. ¿Alguien las pondrá en marcha alguna vez?
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