Industriales bonaerenses denuncian una "mafia de los juicios laborales"

Empresarios industriales de la provincia de Buenos Aires presentaron casos que desnudaron el sistema que utilizó la "mafia de los juicios laborales" para reducir el desarrollo e incluso el cierre total de fábricas, a pesar de los altos costos que se pagan por seguros y las fuertes inversiones en seguridad laboral que redujeron un 70% los índices de accidentabilidad.

El presidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Daniel Rosato, destacó la "angustiante" situación de dos empresas que enfrentan litigios judiciales por "causas armadas" que en la actualidad generaron la retracción en el empleo pero que además pusieron en situación de riesgo la continuidad laboral de más de 200 puestos de trabajo.

El caso de la curtiembre Arangio S.A. ubicada en Lanús, quien afronta una treintena de demandas por juicios laborales de personal que "nunca trabajó en la fábrica". Francisco Urci Uoli es uno de los accionistas de una fábrica familiar, fundada por el padre de la familia hace 57 años, que decidió años atrás realizar una fuerte inversión a la vera del Riachuelo con el objetivo de adaptarse a las medidas ambientales recomendadas por las autoridades nacionales.

Con una planta de 64.000 metros cuadrados, que incluye un sector cubierto de 30.000 metros cuadrados, el acceso a la fábrica es único sobre la calle Carlos Pellegrini, en donde existe un puesto de vigilancia y control para trabajadores y proveedores.

Urci Uoli afirmó que "un día llegaron denuncias de supuestos trabajadores que decían haber sido contratados en negro y despedidos sin que se les pagara". Fueron 33 presentaciones de igual tenor que llegaron a distintos juzgados, en donde una de ellas fue rechazada con los mismos argumentos que las restantes siguieron su curso de aceptación, según señaló la asesoría legal.

"Los vigiladores que controlan la entrada brindaron su testimonio de que nunca los habían visto en la fábrica. Empleados que trabajan hace 20 o 30 años dijeron que jamás se contrató a nadie en negro. E incluso dos delegados, uno que integra el Sindicato del sector, desmintieron que los denunciantes hayan trabajado en esta fábrica", enfatizó Urci Uoli.

La curtiembre en la actualidad cuenta con un personal de 130 empleados, pero advirtió que deberá "cerrar las puertas y dejar de lado la gran inversión en una planta modelo si es que la Justicia convalida un invento".

"Es tan insólita y dramática la situación que algunas de las personas que hicieron la denuncia realizaron demandas al mismo momento contra otras empresas que funcionan en otros distritos. Es imposible que trabajaran en dos lugares distintos y tan alejados. Eso es otra muestra de que existe la industria del juicio con casos totalmente inventados", afirmó el empresario.

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Nicolás Santos es un industrial textil que llevó su caso al Congreso de la Nación, en momentos en que se debatía la sanción de una nueva ley de ART. Hasta la actualidad, su empresa afrontó 20 sentencias o acuerdos, pero tiene 30 demandas laborales más de personal que se desvinculó de la empresa que las realizó luego de cobrar el 100% de sus indemnizaciones, seis meses de salario y un año de cobertura de la obra social.

"Todas las demandas son casi idénticas, se tratan de enfermedades laborales que fueron denunciadas una vez que los empleados dejaron la empresa, como lumbalgias, cervicalgias, hipoacusia, várices, estrés laboral, etcétera", se lamentó.

El caso Santos es particular porque "todas las demandas patrocinadas por el mismo estudio de abogados, los mismos actores sirven de testigos en los otros casos y todas las demandas se tramitan en los tribunales laborales de Quilmes".

"Este tema ocupa el 80% de mi tiempo. Hace años que es difícil proyectar la empresa para crecer o tomar nuevos empleos. Lo que hago es tratar de estirar los tiempos de las demandas para que me de aire y poder llevarlas, si me caen todas juntas no tengo como afrontarlas", manifestó angustiado Santos.

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Rosato, quien además integra la Junta Directiva de la UIA, destacó que la central fabril señaló un descenso del 70% de los índices de accidentabilidad en fábricas. "Cada puesto de trabajo que se pierde en la industria genera la imposibilidad de crear 2,5 puestos de manera indirecta, mientras que otros sectores, como el comercio, un trabajador registrado redunda en 0,5 indirecto. Ese es un argumento más para proteger al sector, que sólo pide que se cumplan bien las leyes".

"Según los datos de la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo (UART), en 2006 se iniciaron 11.697 demandas por accidentes de trabajo, mientras que en 2012 habían ascendido a casi 68.000. Pero lo más trágico es que el año pasado superaron las 120.00 presentaciones", enfatizó Rosato, quien además destacó que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo "mostró que cayeron fuertemente en ese mismo período".