El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, advirtió que "los juicios laborales ponen en jaque la supervivencia de las pymes".
El dirigente empresario se manifestó de esta forma en concordancia con las declaraciones de ayer del presidente Mauricio Macri en las que criticó a abogados y jueces laboralistas.
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En ese marco, Tarrío dijo que "para disminuir la litigiosidad en las pymes, fomentando la incorporación de trabajo de calidad y reduciendo a su vez los índices de informalidad, es necesaria una modificación del régimen laboral, previsional y tributario que tenga en cuenta las condiciones de desarrollo, productividad, financiamiento y acceso a las tecnologías de las pequeñas y medianas empresas".
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Al respecto, el presidente de CAME sugirió la "eliminación, modificación, morigeración o cambio de destino del régimen sancionatorio de las leyes 24.013 y 25.323", considerados como un sistema de multas que difieren en su naturaleza de la indemnización por despido.
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En la entidad empresaria proponen "modificar el régimen sancionatorio por uno adecuado a las pymes, eliminando o disminuyendo las multas, o bien que éstas no integren el capital de condena, y sean destinadas al verdadero objeto para el que fueron creadas, que es el financiamiento de los regímenes de la seguridad social".
Además, "establecer un régimen de prescripción que impida los reclamos por eventuales o supuestas deficiencias de registración anteriores al plazo de prescripción laboral de 2 años".
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Otra de las propuestas de reforma de CAME hace foco en la necesidad de implementar políticas destinadas a evitar sancionar la falta de entrega de los certificados de trabajo y de aportes y contribuciones a la Seguridad Social (art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo) de parte del empleador.
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"Para evitar esta situación se podría generar un certificado de trabajo electrónico en la página de la AFIP que estuviera automáticamente a disposición del trabajador", afirmaron en CAME.
También proponen modificar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, para evitar la actual situación respecto de la tercerización de servicios, entre otras cuestiones.
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