El gobierno nacional y la mayoría de las provincias avanzaron en un nuevo Acuerdo Federal Minero, que sustituirá el vigente desde 1993, y que procurará "generar confianza en la sociedad y en los potenciales inversores" en esta actividad, destacaron fuentes del sector.
Éstos son los 10 puntos centrales del acuerdo:
1) El convenio establecerá criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijandose éstas en un techo de 3% sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina.
2) El texto del Acuerdo fue discutido por los estados provinciales y la Nación durante el último año en el seno del Consejo Federal (COFEMIN), para ser suscripto por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en Casa de Gobierno, con excepción de Chubut, La Pampa (que no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios) y La Rioja.
3) El acuerdo establece además destinar el 1,5% adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar, por caso, obras de control ambiental y de aguas.
4) Así las cosas, el tope (o máximo) a pagar por parte de los inversores a las provincias será de 4,5% de lo que facturen, en tanto que se convino desactivar otro aporte, de 1%, a cargo de las grandes empresas mineras y pensado para financiar obras de desarrollo a nivel local.
5) La tutoría en la administración y asignación específica de estos recursos no pudo ser acordada entre Nación y Provincias. El esquema acordado es similar al que actualmente rige en San Juan para la explotación de sus recursos minerales.
Una excepción al tope de 4,5% regirá para Santa Cruz, dado que en esa provincia el Fondo de Infraestructura ya tiene un máximo de 2% y se reservó preservar ese derecho.
6) Fuentes allegadas a la negociación señalaron que el convenio está enmarcado por el concepto de "federalismo de concertación" por lo cual "deberá ser tratado primero por el Congreso Nacional y luego por las legislaturas provinciales para su aprobación (o rechazo) como totalidad, es decir que no puede ser pasible de modificaciones".
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7) Asimismo, trascendió que desde el Gobierno se impulsarán "acuerdos región por región" similares al alcanzado para el caso petrolero en Vaca Muerta para alentar inversiones en la actividad económica y productiva en toda la gama de la minería.
8) El acuerdo contempla además la creación de un organismo que realizará un catastro minero y también un Digesto Sectorial que reúna todas las normativas Nación-Provincias que regulan la actividad.
9) Las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras.
10) Un aspecto que se modifica en el nuevo acuerdo federal es que en caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.
La política de la Administración Macri para alentar el desarrollo de inversiones en la minería tuvo como dato relevante la eliminación de las retenciones a las exportaciones del sector (desde 5 y hasta 10 por ciento según el tipo de mineral), pocas semanas después de asumir la Presidencia.
El Gobierno afirmó al respecto que "este impuesto que no se aplica en el resto de los países, en un contexto global de elevada competencia por los recursos, hizo que prevalezcan los proyectos extranjeros".
Un informe oficial reveló que, entre 2007 y 2015, Chile recibió inversiones en el sector por USD 80.500 millones; Perú, por USD 52.000 millones, y Argentina, 10.500 millones.
Desde el gobierno nacional se estimó que la medida implicó "preservar 12 mil empleos en el rubro dado que tres minas postergaron su fecha de cierre -Bajo La Alumbrera, Manantial Espejo, Pirquitas- y dos -Casposo, Sierra Grande- lo evitaron al aumentar sus reservas".
Asimismo, se destacó que "con ello se mantuvo la recaudación tributaria en esos estados y en la Nación".
Fuente: DyN
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