La AFIP multará a los comercios que no acepten pagos con tarjeta de débito bancaria

Los técnicos de la AFIP están concentrados en aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos a través del mecanismo de inducción y acompañamiento a los comercios, pequeñas empresas e incluso profesionales y otros trabajadores independientes, para que hagan la mayor parte, por no decir todas sus transacciones, con dinero que se mueva de modo electrónico.

El concepto dominante en el pensamiento del administrador federal de la AFIP, Alberto Abad, es que "el efectivo es el enemigo de todos, porque se asume que es sinónimo de informalidad".

En los últimos meses el organismo recaudador avanzó en esa línea. Primero fue a través de la reglamentación de la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal; luego con otra norma que obliga a los monotributistas a pagar sus obligaciones tributarias con uso de tarjeta de débito bancario, crédito, débito automático o transferencia bancaria, que se suma a la exigencia de pagar todos los impuestos sin el uso de efectivo.

Ahora, la AFIP dará otro paso relevante con la publicación en el Boletín Oficial entre el miércoles y jueves de una resolución que simplemente regula la Ley 27.253, del 13 de junio, que estableció el reintegro del 15% del IVA por compras en comercios minoristas hasta $2.000, para sectores de bajos ingresos, como los perceptores de jubilaciones, pensiones hasta dos niveles mínimos, y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo: "Los comercios y prestadores de servicios deben aceptar tarjetas de débito y tarjetas prepagas no bancarias, que había modificado un decreto de 2001", cuando se intentó alentar el uso del dinero plástico.

Consenso con cámaras de grandes y pequeños comercios

En un encuentro con la prensa, en el que participó Infobae, el titular de la AFIP y su equipo de colaboradores más inmediatos destacaron que la exigencia de aceptación de todos los medios de pago por parte de los comercios estaba legislado, pero no se cumplía. De ahora en más, se hará cumplir en forma consensuada con los actores, porque se trata de un vicio cultural que ha llevado a que "muchos sientan vergüenza a pedir la factura".

Abad explicó que "el único camino para poder avanzar con la política del gobierno del presidente Macri de reducir la presión tributaria es aumentar la base de los que tributan". Por eso, ahora se dará un paso más en esa dirección, luego de haber mantenido reuniones con representantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; la asociación de supermercados chinos y la Cámara de Emisoras de Tarjetas de Compra y Crédito (Atacyc), para fijar un calendario de implementación progresivo por sector económico y monto de facturación anual en 2015 de aceptación de las tarjetas de débito bancario; así como haber celebrado un convenio con los proveedores del dispositivo que deberá tener cada establecimiento: POS, para que lo ofrezcan en condiciones ventajosas de instalación y de uso.

Así, adelantó Abad que "al 30 de abril todos los comercios, hoteles y restaurantes que en todo 2015 hayan facturado más de cuatro millones de pesos, deberán tener un POS y aceptar el pago con tarjeta de débito bancario. En mayo deberán sumarse los que registraron ingresos por más de un millón de pesos y en junio el resto de los establecimientos".

La medida se extenderá, también en un plazo de tres meses, por etapa, según la escala precedente de ingresos a los profesionales de la salud, cultura, deportes y del entretenimiento, desde julio hasta septiembre próximo.

Mientras que el resto de las actividades deberán incorporarse entre octubre y diciembre próximo.

Algunos comercios pequeños históricamente se mostraron reacios a la aceptación de los modernos medios de pagos, sobre todo a medida que se alejan de los centros urbanos, las razones son pluricausales:

1. El uso del efectivo permite manejar la informalidad;

2. La falta de conectividad;

3. El descuento por pago en dinero cash;

4. La baja bancarización de la economía, la mitad que en Brasil y la tercera parte que en Chile, en términos de relación de los depósitos y créditos con el nivel del PBI.

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El administrador federal de Ingresos Públicos destacó que "quienes no cumplan con el cronograma de adhesión obligatoria podrán sufrir multas de $300 a $30.000 y la clausura del establecimiento de 3 a 10 días, en los casos de hechos graves y reincidencia".