
La polémica por la decisión de los bancos de cobrar 1% por los depósitos en efectivo de las empresas tuvo otro capítulo, durante un encuentro que mantuvieron los principales jugadores del mercado de pagos y cobranzas en el Banco Central de la República Argentina.
El vicepresidente de la entidad, Lucas Llach, advirtió en la reunión que los bancos debían cumplir con los 60 días de plazo desde la primera comunicación para empezar a cobrar o para aplicar un cargo específico. Pero algunas entidades nacionales y extranjeras sostuvieron que lo vienen comunicando desde enero, mientras que otras recién lo hicieron desde el inicio del corriente mes, por lo que deberán esperar hasta abril para aplicar la medida.
En el caso de la banca pública aún no hay definiciones. Se estima que también aplicarán el cargo del 1% pero dentro de algunos meses. Al no haberlo anunciado con antelación, están imposibilitados de cobrarlo en forma inmediata.
En el encuentro estuvieron presentes las cuatro principales empresas de cobranza de la Argentina, representantes de una docena de bancos, pero también funcionarios de AFIP y hasta de la Superintendencia de Seguros.
Sucede que hay miles de empresas y hasta el propio Estado que podría verse perjudicado por esta situación. El objetivo final es, sin embargo, reducir el uso del efectivo en la economía y disminuir el millonario costo logístico de transportar enormes sumas de billetes, sin contar el factor relacionado con la seguridad.
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Las compañías de cobranza, como Pago Fácil, RapiPago y Cobro Express, tienen unas 15.000 bocas de atención en todo el país y mueven nada menos que 100.000 millones de pesos mensuales. Por eso el 1% que empezarán a cobrar las entidades las deja en una situación complicada desde el punto de vista de la rentabilidad. Y esto repercute en forma directa en la modalidad de pago del público.
El principal acuerdo al que se llegó hoy es que desde mayo se habilitará una nueva modalidad en estas bocas de cobranza: el pago con tarjeta de débito. Para eso, instalarán aparatos que permitan procesar la transacción y además estarán conectados con las dos grandes redes de cajeros automáticos. El objetivo es evitar que la gente saque dinero en efectivo del cajero para pagar luego impuestos o servicios y que le realice directamente.
Para estas operaciones se negociaría un arancel diferencial muy bajo, teniendo en cuenta que el costo actual promedio por pago con débito se ubica en 1,5% que paga el comercio a las administradoras de tarjetas.

El pago con tarjeta de débito será obligatorio para las cuotas más altas del monotributo desde mayo, si es que no se paga directamente desde una cuenta bancaria. Y a partir de noviembre la AFIP impondría la obligatoriedad para los cerca de 3 millones de monotributistas que hay en la Argentina, independientemente de su categoria.
Las empresas también promoverán que sus clientes paguen con tarjeta de débito si no posee débito automático en la cuenta. Esto se debe a que las empresas de cobranzas cargarán ese 1% a las propias compañías a las que prestan el servicio por cada pago "cash" que efectúen los clientes, lo que les representa un costo adicional.
Si bien en los distintos sectores reconocen que es imposible cambiar los hábitos de pago de un día para el otro, se busca promover el uso de medios electrónicos. La paradoja es que una importante proporción de la gente que paga en efectivo podría hacerlo utilizando mecanismos bancarios, ya que el dinero sale de sus propias cuentas. Por supuesto está el caso de la gente que trabaja en negro y por lo tanto no tiene -al menos por ahora- otra opción que pagar cash.
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