Los Gobiernos de ocho países latinoamericanos deploraron este jueves el "recrudecimiento de la violencia" en Venezuela, donde las protestas contra el presidente Nicolás Maduro dejan ya más de 35 muertos en poco más de un mes.
La Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay son los firmantes del comunicado, divulgado por Bogotá, en el que deploran "el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela".
"Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes", aseguran en la nota.
También hacen un llamado al gobierno venezolano "para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos" y le recuerdan que éste es su deber como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En comunicados similares divulgados durante las últimas semanas, y a los que también se habían sumado en otras ocasiones países como Perú, Uruguay o Chile, varios Gobiernos de la región ya habían pedido a Venezuela garantizar el derecho a la manifestación pacífica y a definir un cronograma electoral que permita encontrar una salida a la crisis interna.
Las protestas contra Maduro, que llevan poco más de un mes, han dejado 35 muertos y centenares de heridos y detenidos, según datos de la Fiscalía venezolana.
La oposición exige llamar a elecciones generales. Sin embargo, Maduro presentó el miércoles ante el Poder Electoral el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente "popular", que sus adversarios consideran un "golpe de Estado" para evitar comicios.
A continuación, el comunicado completo:
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay deploramos el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.
Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del Gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría, de personas jóvenes.
Hacemos un llamado enérgico al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.
Como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y ratificado.
En el marco del apego irrestricto al Estado de derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteramos la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.
Por último, hacemos un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia, y manifestamos nuestra convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela.
(Con información de AFP)
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