Los calabozos policiales en Venezuela deben cumplir la función de “resguardo temporal” de los privados de libertad. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha revelado la existencia de una “red de cárceles paralelas” del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que albergaría en sus calabozos a un total de 7 mil 414 personas.
“Una de cada tres personas lleva más de dos años detenida en los calabozos del CICPC. Pudimos cuantificar que 58% de la población recluida tiene más de un año detenida y 33,5% supera los dos años de privación de libertad”, recoge un informe del OVP.
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La ONG que defiende los derechos de los reclusos llama la atención sobre el siguiente dato: “6.518 personas se encuentran -dentro de esos calabozos policiales- en calidad de procesadas, mientras que 896 tienen sentencia firme. Esto significa que 87,9% de toda la población recluida en calabozos del CICPC no posee una sentencia firme”.
De esta población, 914 son mujeres, 12,3% del total. En cuanto a su estatus, 766 se encuentran procesadas y sólo 148 penadas. “Aunque representan una minoría respecto a los hombres, su situación resulta especialmente preocupante porque las dependencias policiales no suelen contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad”, acotan.
También identificaron a 17 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, y 181 personas mayores de 65 años. “Los adultos mayores suelen requerir atención médica permanente, tratamientos farmacológicos continuos y condiciones de habitabilidad adaptadas a sus necesidades físicas”, enfatizó el director del OVP, Humberto Prado.
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Extorsión
“Son más de 7 mil personas que conviven sin una adecuada clasificación por delitos y permanecen en espacios reducidos que no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar de manera prolongada a personas privadas de libertad. Son lugares que carecen de ventilación, acceso a agua potable y servicios médicos”, alerta el OVP.
El Observatorio afirma que esta irregularidad “se ha prestado para que funcionarios extorsionen a los detenidos”, llegando a cobrar hasta 200 dólares a cambio de “‘beneficios’ como dormir en una oficina alejada de otros detenidos, acceder a baños y duchas e incluso salir a recibir luz solar”.
Tras recordar que los agentes del CICPC no están formados para la custodia prolongada de privados de libertad, el OVP sostiene que se está generando “un modelo de custodia en el que los funcionarios actúan sin las herramientas propias de la función penitenciaria, lo que propicia prácticas violatorias de los derechos humanos y la comisión de tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de los calabozos policiales”.
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