Varios grupos de familiares de presos políticos exigieron este viernes en Caracas que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordene nuevas liberaciones y responda por denuncias de violaciones de derechos humanos que permanecieron sin investigación.
La concentración se realizó en la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Los familiares desplegaron pancartas con reclamos por la libertad de los detenidos y por la atención médica de quienes atravesaron situaciones críticas dentro de los centros de reclusión.
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La protesta formó parte de la tercera etapa de la “Ruta de las respuestas pendientes”, una iniciativa que recorrió organismos públicos durante la semana. Los participantes acudieron antes a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para plantear sus denuncias y solicitar actuaciones sobre los casos que presentaron.
La movilización no pudo avanzar hasta la sede presidencial, una zona donde las manifestaciones disidentes enfrentaron restricciones y presencia policial. Sin embargo, representantes del Despacho de la Presidencia recibieron a una delegación de tres mujeres del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve)
Las representantes entregaron un escrito que reunió denuncias registradas por familiares de personas encarceladas por motivos políticos. El documento reclamó investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y solicitó la libertad inmediata de los detenidos que continuaban bajo custodia estatal.
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Andreína Baduel, integrante de Clippve, afirmó que más de 400 familias aguardaban el regreso de sus parientes. La organización registró, además, 37 presos políticos en condición crítica de salud, por lo que pidió atención médica urgente.
Baduel sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el ritmo de las excarcelaciones anunciadas desde enero. También cuestionó que la administración de Rodríguez avanzara en nuevos acuerdos vinculados al petróleo mientras numerosos detenidos permanecen en prisión.
La activista es hermana de Josnars Baduel, detenido por motivos políticos, e hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien murió bajo custodia estatal. Durante la protesta, pidió que las autoridades respondieran a las denuncias de las familias y atendieran los casos pendientes.
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Tras la entrega del documento, Hiowanka Ávila, familiar de un detenido en Rodeo 1, relató que las representantes fueron atendidas durante pocos minutos detrás de un vidrio. Según explicó, recorrieron varias dependencias antes de llegar al lugar donde funcionarios recibieron sus planteamientos.
Ávila dijo que la experiencia le recordó las dificultades que enfrentó durante las visitas a su hermano en el centro penitenciario. También afirmó que los funcionarios no mostraron disposición para revisar los expedientes de los presos políticos ni para responder a los reclamos de sus allegados.
El caso de Rodeo 1 ocupó parte de los reclamos de la jornada. A comienzos de septiembre, familiares denunciaron traslados de varios detenidos desde ese penal sin información suficiente sobre su destino, sus condiciones de reclusión o su situación judicial.
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Los grupos que participaron de la movilización señalaron que entre los presos políticos figuraron dirigentes opositores, estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos. Los familiares denunciaron arrestos sin garantías de debido proceso, falta de pruebas y dificultades para conocer el estado de los detenidos.
Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el alcance de esa norma porque una parte importante de los beneficiados se encontraba bajo medidas de libertad restringida y no en prisión. El recuento de Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, situó en 328 la cifra de presos políticos que permanecían detenidos en el país.
Las organizaciones de familiares advirtieron que esos registros cambiaron por nuevas detenciones, liberaciones parciales y traslados entre cárceles. La protesta de este viernes buscó mantener visibles los casos que, según sostuvieron, no recibieron respuestas institucionales.
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(Con información de EFE)
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