El activista venezolano Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, propuso en Caracas una nueva ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos en Venezuela y la creación de un fondo nacional de reparación para resarcir a los detenidos y a sus familias. Presentó la iniciativa este martes, tras el aplazamiento de su audiencia de juicio en el Palacio de Justicia.
La propuesta apareció en medio del debate abierto por las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno interino y por las críticas de antiguos detenidos y organizaciones de derechos humanos sobre el alcance real de esas medidas. En sus primeros despachos sobre la jornada, Tarazona sostuvo que la normativa aprobada en febrero dejó fuera a numerosas víctimas de la persecución política y no resolvió la situación de quienes continúan encarcelados por motivos políticos.
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Tarazona declaró que en el país existen miles de afectados por el proceso político de los últimos años que no recibieron asistencia ni reparación. Su planteo incluyó un nuevo texto legislativo que garantice la libertad plena de todos los presos políticos, sin exclusiones, y un mecanismo estatal que cubra parte de los costos y daños que afrontaron los detenidos y sus allegados.
El dirigente permaneció preso durante más de cuatro años y recuperó la libertad condicional en febrero de este año. Un mes después, le negaron el beneficio de la ley de amnistía que el Parlamento de mayoría chavista aprobó en ese mismo período. Esa negativa se convirtió en uno de los puntos centrales de su cuestionamiento a la legislación vigente, que a su juicio no alcanzó para cerrar los casos de persecución política.
En su exposición pública, el activista señaló que el fondo nacional de reparación debería atender gastos y pérdidas acumulados durante los años de reclusión. Entre esos problemas mencionó los traslados prolongados que muchas familias debieron asumir para asistir a tribunales o visitar cárceles, además de otras consecuencias económicas y personales derivadas de las detenciones.
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La discusión sobre la reparación sumó además la voz del exdiputado opositor Williams Dávila, quien también estuvo preso por razones políticas y recibió la amnistía en marzo. Dávila sostuvo que el Estado tiene una obligación jurídica y moral de reparar a quienes padecieron persecución y encarcelamiento. Afirmó que ese proceso no debía limitarse a una compensación económica, sino abarcar la restitución de la dignidad y de los proyectos de vida afectados por el encierro.
“No se trata de una simple compensación económica, sino de un proceso de restitución integral de la dignidad de la persona humana y al mismo tiempo, del rescate de los proyectos de vida que han sido destruidos por este encarcelamiento”, afirmó.
La cifra oficial difundida por el Gobierno interino indicó que 1.046 venezolanos fueron liberados desde enero de 2026, aunque ese saldo quedó bajo revisión pública por la falta de listados completos y por las diferencias entre los registros oficiales y los elaborados por organizaciones no gubernamentales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó ese número en la víspera de los nuevos reclamos de activistas y expresos políticos.
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En paralelo, un grupo de antiguos presos políticos pidió a Rodríguez que autorizara a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a verificar las listas de excarcelados desde enero. La solicitud surgió ante las dudas sobre la identificación precisa de los liberados, después de que el Gobierno interino informara ese total de 1.046 personas excarceladas tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Carlos Julio Rojas, integrante de la Red de Expresos Políticos por la Democracia, declaró que el proceso de liberaciones pareció funcionar de manera irregular y sin información pública suficiente. Según explicó, el Ejecutivo anunció en enero que convocaría al alto comisionado Volker Türk para revisar los listados, pero esa verificación todavía no se concretó. Rojas agregó que ese incumplimiento pudo confirmarse en una reunión celebrada el viernes pasado con representantes de la oficina de la ONU en Caracas.
La nota difundida por la red de expresos políticos precisó que en ese encuentro participaron también Williams Dávila, el director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans, y otros activistas, entre ellos José Riera, Nathan Ali Barillas Ramírez, Ángel Godoy y Félix Perdomo. El grupo reclamó además que la oficina del Alto Comisionado intervenga en las negociaciones entre el chavismo y la oposición y que se cree una comisión mixta con acceso a centros penitenciarios.
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La Red de Expresos Políticos por la Democracia, integrada por cerca de un centenar de antiguos detenidos, presentó una agenda de reparación más amplia. El esquema incluyó la eliminación de antecedentes penales y medidas contra la estigmatización financiera que, según denunciaron, afectó a víctimas de arrestos por razones políticas por medio del bloqueo de cuentas bancarias y otras restricciones.
Dávila enumeró en ese marco una serie de mecanismos de restitución que, a su entender, deberían formar parte de una política estatal integral. Entre ellos mencionó el reconocimiento formal de las víctimas, indemnizaciones por los daños ocasionados, recuperación de bienes, atención psicológica y médica, reintegración familiar y pensiones especiales. Ese planteo coincidió con la exigencia de Tarazona de avanzar hacia una reparación que exceda el anuncio de libertades condicionadas o parciales.
Mientras el Gobierno defendió su saldo de liberaciones, las cifras independientes mostraron otra dimensión del proceso. Hasta junio, la ONG Foro Penal había verificado la liberación de 894 presos políticos desde enero. A mediados de agosto, cuando el Ejecutivo anunció la excarcelación de 131 personas, la organización pudo confirmar 81 casos y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizó 105.
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(Con información de EFE)
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