Aunque la Constitución venezolana establece un plazo máximo de 120 días, el régimen chavista se las ha arreglado para extender por más de año y medio un decreto de estado de emergencia económica que le permite manejar sin ningún control las finanzas públicas.
El artículo 338 de la Carta Magna bolivariana establece: “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.
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Sin embargo, desde abril de 2025, el gobierno chavista ha emitido ocho decretos para fijar y extender las medidas excepcionales. La práctica comenzó con Nicolás Maduro y ha continuado con su sucesora, Delcy Rodríguez, quien ha seguido corriendo la arruga a pesar de que -según sus palabras- el país atraviesa un “nuevo momento político”.
La economía venezolana ha perdido dos tercios de su tamaño en la última década, periodo marcado por la hiperinflación y la pulverización del bolívar. Congelado desde marzo de 2022, el salario mínimo equivale hoy a menos de 30 centavos de dólar.
“Lo que está en juego no es únicamente la duración de la emergencia económica, sino la utilización de un mecanismo excepcional para concentrar recursos, desplazar controles institucionales y ampliar de forma permanente las facultades del Ejecutivo”, advirtió en un informe la ONG Acceso a la Justicia.
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Control total
La asociación civil observa que “es particularmente amplia la facultad de dictar normas que autoricen, excepcionalmente y sin sometimiento a otro poder público, operaciones de crédito público, así como sus reprogramaciones y complementos, aunque no estén previstas en la Ley Especial de Endeudamiento”.
“Más que establecer medidas concretas destinadas a solucionar las causas estructurales de la crisis económica y de las finanzas nacionales, los decretos crean un marco extraordinario que amplía la capacidad del Ejecutivo para decidir sobre los recursos del Estado”, alerta.
Acceso a la Justicia subraya que los decretos de emergencia debilitan los controles que deben ejercer el resto de los poderes públicos sobre la Presidencia, llegando a intervenir en competencias que son propias de los estados y municipios.
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“De esta manera, la emergencia económica produce una doble concentración de poder: horizontalmente, al ampliar las facultades del Ejecutivo en detrimento de las competencias legislativas y debilitar el control que debería ejercer la justicia constitucional; y territorialmente, al trasladar recursos y capacidad de decisión desde estados y municipios hacia el poder central”, apunta.
Luego de la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, Delcy Rodríguez ha emprendido una apertura de los sectores petrolero y minero del país, siguiendo los lineamientos de la Casa Blanca.
Mientras crecía la expectativa de una posible recuperación económica, sucedieron los dos terremotos del 24 de junio, que han dejado más de 6 mil muertos y daños materiales que superan los 19 mil millones de dólares.
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Antes de esta etapa, entre 2016 y 2021, Maduro también manejó el país valiéndose de un estado de excepción por razones económicas. “La experiencia de 2016 a 2021 ya mostró los riesgos de normalizar la emergencia. Cuando lo excepcional se vuelve permanente, también lo hace la reducción de los controles al poder. Para los venezolanos, esto se traduce en menos controles sobre el uso de los recursos públicos, menor autonomía de estados y municipios, mayor inseguridad jurídica y una creciente concentración de las decisiones económicas en el Ejecutivo nacional”, subraya Acceso a la Justicia.
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