El Gobierno de transición de Venezuela inspeccionó 51.124 edificaciones después del doble terremoto del 24 de junio, una revisión técnica que permitió clasificar inmuebles seguros, en observación y con alto riesgo, mientras continúan la reparación de viviendas y la atención a miles de damnificados.
El ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien también dirige la comisión presidencial encargada de evaluar la habitabilidad de las infraestructuras, informó que el 58% de los inmuebles revisados recibió etiqueta verde, condición que autoriza su ocupación. Otro 23% quedó bajo etiqueta amarilla, categoría que exige alerta y nuevas revisiones, mientras el 18% fue marcado con etiqueta roja por el nivel de peligro detectado.
El operativo contó con 3.071 inspectores, desplegados para examinar edificios en distintas zonas del país tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La tarea buscó determinar qué estructuras podían seguir en uso, cuáles requerían controles adicionales y cuáles debían quedar desocupadas.
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La emergencia también golpeó al sector habitacional. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el jueves que las autoridades ya repararon más de 13.000 viviendas afectadas por el desastre. El último balance oficial elevó a 41.624 la cantidad de hogares perjudicados.
Dentro de ese plan de respuesta, Rodríguez afirmó que en una semana reciente el programa oficial benefició a más de 2.000 personas, entre familias que recibieron una vivienda y otras que pudieron regresar a sus casas tras obras de recuperación. La funcionaria presentó ese balance durante un encuentro con juntas de condominio del municipio Sucre de Caracas, una de las zonas alcanzadas por el impacto del terremoto.
El Ejecutivo también puso en marcha un esquema de financiamiento para facilitar soluciones habitacionales. La banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, con un subsidio estatal de 80% para inmuebles de hasta USD 70.000. Para propiedades con valores superiores a esa cifra y de hasta USD 100.000, la ayuda oficial cubrirá 50% del costo.
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Esa política aparece como una alternativa para familias que perdieron su vivienda o que todavía no pueden volver a ocuparla por daños estructurales. A la vez, el Parlamento venezolano aprobó una nueva ley de arrendamiento con el objetivo de estimular el mercado inmobiliario después de los sismos y ampliar las opciones de acceso a una vivienda.
La recuperación también alcanzó instalaciones estratégicas. A 45 días del desastre, continúan las obras en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, principal terminal aérea del país. Rodríguez señaló que el Gobierno trabaja en la apertura de un “aeropuerto temporal”, aunque no precisó una fecha para su habilitación.
Según el balance oficial citado en la información disponible, el doble terremoto dejó más de 6.000 muertos y más de 16.000 heridos, además de decenas de miles de viviendas afectadas. A ese cuadro se sumó la estimación del Banco Mundial, que calculó en USD 19.600 millones los daños físicos directos causados por los sismos. El organismo advirtió que una reconstrucción lenta podría afectar la recuperación económica del país durante la próxima década.
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(Con información de EFE)