La ONG Provea se hizo eco de las denuncias de un grupo de familiares que acusan al Ministerio de Obras Públicas de llevar a cabo labores de demolición en un urbanismo de La Guaira, “mientras decenas de voluntarios de la comunidad permanecen en túneles improvisados buscando restos de familiares sepultados bajo los escombros”.
“Para ellos es más fácil demoler que ayudar y sacar los cuerpos”, señaló Gabriela Pérez, quien aún busca a su hija entre los escombros de unos edificios que formaban parte del proyecto gubernamental Misión Vivienda.
Pérez indicó que la maquinaria del ministerio “lo que hace es remover los escombros y sacar a la gente por partes, para ellos (el gobierno) no valemos”.
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Al cumplirse un mes del doblete sísmico que ha costado la vida de 5.398 personas, Pérez mantiene la fe en que podrá conseguir a su hija viva. “El gobierno debería poner las herramientas para ayudar, no para desestabilizarnos aún más después de esta tragedia”, expone en un video compartido en las redes de Provea.
“Necesitamos ayuda, no que vengan a mentir diciendo que están desde el día uno cuando no es así”, afirma la mujer, quien subraya que “somos nosotros -los familiares- los que estamos rescatando, no tenemos ayuda de nadie”.
Provea recuerda a las autoridades que deben realizar su trabajo, “respetando la dignidad de las familias afectadas”.
Sin ayuda
El reclamo de Pérez se repite en distintas zonas del estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos del 24 de junio. Los vecinos cuestionan la falta de apoyo oficial y destacan que son los propios familiares los que tratan de rescatar los cuerpos de sus seres queridos.
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Los ciudadanos también se han organizado para alquilar maquinaria privada con el fin de avanzar en las labores de remoción de escombros. Testimonios hablan de tarifas que superan los 2 mil dólares para contratar estos equipos.
El último balance oficial publicado por el gobierno de Venezuela contabiliza 17.907 damnificados, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Además, 23.335 personas se encuentran en los campamentos transitorios desplegados por el Ejecutivo nacional.