La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, promulgó este miércoles el reglamento que permitirá aplicar la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La normativa desarrolla los cambios aprobados por la Asamblea Nacional en enero y establece las reglas para atraer inversión privada nacional e internacional a un sector que durante más de dos décadas estuvo bajo un fuerte control estatal.
Durante un acto transmitido por el canal de propaganda Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez explicó que el reglamento fue elaborado tras revisar 1.389 resoluciones y afirmó que el objetivo es adecuar el marco regulatorio a la nueva legislación para “transformar” las reservas energéticas del país en una fuente de desarrollo económico.
“Habrá los recursos también para la recuperación, la reconstrucción de nuestra patria luego del doblete sísmico del 24 de junio”, declaró Rodríguez, al señalar que parte de la actividad económica derivada de la reforma estará orientada a financiar la recuperación de las zonas afectadas por los terremotos que dejaron al menos 3.685 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.
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El texto busca ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas interesadas en invertir en la explotación de petróleo y gas, al tiempo que actualiza las normas que regían el sector.
Rodríguez sostuvo anteriormente que la reforma mantiene la propiedad estatal sobre los yacimientos y aseguró que se trata de “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”.
¿Cuáles son los cambios?
La modificación legislativa constituye uno de los cambios más importantes en la política petrolera venezolana desde la nacionalización de la industria en 1976 y, especialmente, desde las reformas impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez, que impusieron el control de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobre prácticamente todas las actividades de exploración, producción y comercialización.
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Con el nuevo esquema, las empresas privadas podrán asumir funciones técnicas y operativas en proyectos petroleros, una responsabilidad que durante décadas estuvo reservada a la empresa estatal. Asimismo, en determinadas empresas mixtas, el socio privado podrá encargarse de la administración operativa, aun cuando PDVSA mantenga la participación accionaria mayoritaria exigida por la legislación.
Otra de las novedades consiste en la posibilidad de que compañías privadas comercialicen directamente el petróleo producido, un cambio que modifica el modelo tradicional en el que esa función recaía casi exclusivamente en la estatal venezolana.
La reforma también introduce modificaciones tributarias destinadas a hacer más competitivos los proyectos de inversión. Aunque mantiene una regalía máxima de 30% sobre la producción, autoriza al Poder Ejecutivo a reducir ese porcentaje según las características económicas de cada iniciativa, las necesidades de inversión y otros criterios técnicos.
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Además, elimina varios gravámenes y contribuciones especiales que se aplicaban al sector, incluyendo algunos vinculados a ingresos extraordinarios por altos precios internacionales del petróleo y otros aportes previstos en diferentes leyes.
Otro aspecto incorporado por la legislación es la posibilidad de resolver controversias contractuales mediante mecanismos de arbitraje y otros sistemas alternativos de solución de conflictos, una herramienta considerada relevante para empresas extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en Venezuela.
La cúpula chavista espera que este nuevo marco incentive el regreso de inversionistas internacionales y facilite la participación de compañías energéticas que durante años redujeron o suspendieron sus operaciones debido al anterior modelo regulatorio.
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La promulgación del reglamento coincide con la etapa de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. Según cifras oficiales, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron. En el estado La Guaira, el más golpeado por el desastre, una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó la existencia de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros, de las cuales unas 915.000 corresponden a edificaciones dañadas y cerca de 332.000 toneladas a enseres y pertenencias de las familias afectadas.