¿El asesinato de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la banda criminal Tren de Aragua ejecutado en una operación conjunta realizada por fuerzas de Estados Unidos y Venezuela, llevó la paz a la zona del Arco Minero, en el sur del país?
Un informe de la ONG Provea destaca que en los sectores de Las Claritas y Kilómetro 88 en el estado Bolívar, se respira una aparente “tranquilidad” cargada de incertidumbre por el rumbo que puedan tomar los acontecimientos.
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“Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, cita el informe de Provea entre los testimonios de los lugareños.
El mismísimo presidente Donald Trump se encargó personalmente de informar al mundo sobre la muerte de “Niño Guerrero” la noche del viernes 12 de junio. Posteriormente, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó el hecho, sin ofrecer mayores detalles sobre el despliegue policial y militar que liquidó a uno de los delincuentes más buscados de la región.
Zona roja
El reporte de Provea advierte que “el control de los grupos irregulares armados en las zonas mineras ha impuesto una especie de ‘Estado paralelo’, con normas a las que, para su supervivencia, el pueblo se ha adaptado e incluido en su cotidianidad”.
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Además de bandas criminales como el Tren de Aragua, en el Arco Minero -área que comprende más de 111 mil kilómetros cuadrados- se ha podido documentar la presencia de las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“La creación del Arco Minero del Orinoco, en 2016, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medioambiente y a los territorios indígenas- y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo”, resalta Provea.
La ONG SOS Orinoco acusa directamente al régimen chavista de “destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva, y las mafias, los grupos armados ocuparan el territorio”.
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Nuevos negocios
La decisión del difunto presidente Hugo Chávez de revocar las concesiones mineras otorgadas a las transnacionales, dio pie a una serie de demandas de miles de millones de dólares que hoy forman parte de los compromisos que pesan sobre el Estado venezolano. “No fue ausencia del Estado. Fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, sostiene SOS Orinoco.
Tras la caída de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó en tiempo récord una reforma a la Ley de Minas y recibió en el palacio de Miraflores al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien se hizo acompañar por una comitiva de empresarios del sector minero con el fin de explorar oportunidades de negocios en el país.
Más allá de la eliminación de “Niño Guerrero” y del desembarco de inversionistas norteamericanos, los activistas apuntan que queda mucho trabajo por hacer en el Arco Minero.
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“Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas ricas en recursos minerales, y el territorio fue penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional”, alerta Provea.
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