Miércoles 27 de mayo. En una humilde localidad del estado Miranda, región centro-norte de Venezuela, un reportero narra que los guardaespaldas del gobernador chavista Elio Serrano intentaron arrebatarle su teléfono y lo empujaron para evitar que le hiciera unas preguntas al funcionario, reseñó en sus redes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Ese mismo día en Monagas, en el oriente venezolano, policías amenazaron y obligaron a borrar material periodístico a las afueras de un hospital. Mientras arremetía contra el equipo de prensa, una funcionaria le dijo a la comunicadora Ninoska Cova que sabía donde vivía.
Aunque tras la captura de Nicolás Maduro ha bajado la represión en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas señala que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 97 agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación.
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“La cifra representa un preocupante incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 72 casos”, destacó el CNP, cuyo secretario general, Edgar Cárdenas, sostuvo que en el país “pasamos de una política de incidentes a una censura estructural caracterizada por detenciones arbitrarias, impedimentos de cobertura y el preocupante fenómeno de las deportaciones de corresponsales extranjeros”.
En este periodo el gremio periodístico reportó 18 detenciones arbitrarias, 16 impedimentos de cobertura, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 12 ataques directos, 12 eliminaciones de material grabado, diez hostigamientos, ocho intimidaciones y el cierre de cuatro emisoras de radio.
El régimen chavista tampoco ha levantado el bloqueo contra decenas de medios digitales, incluido Infobae. El veto continúa, pese a que el gremio solicitó la revisión de esta medida ante la Comisión para la Paz y la Convivencia Democrática, instancia creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
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A medias
En el marco de la Ley de Amnistía promulgada por Rodríguez, decenas de periodistas han sido excarcelados. Sin embargo, el CNP denuncia que seis reporteros siguen enfrentando medidas que atentan contra su derecho al trabajo.
“Estos profesionales enfrentan severas medidas cautelares restrictivas, como regímenes de presentación judicial, prohibición de salida del país y limitaciones para declarar a los medios o ejercer su oficio, manteniéndose en un estado de indefensión legal latente”, explican.
Entre quienes no han podido conseguir su libertad plena figura el periodista Rory Branker, a quien le negaron la petición de amnistía. “No conformes con haberme desaparecido forzosamente por siete meses, encarcelado arbitrariamente, torturado, sometido al escarnio público en televisión nacional, calumniado, vilipendiado y demorado mi liberación por un año entero tras el forjamiento de un expediente, me han hecho saber que no han terminado conmigo”, escribió Branker en sus redes sociales.
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El CNP alerta que la administración de Delcy Rodríguez mantiene vigentes la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar, cuya derogación ha sido exigida por los defensores de Derechos Humanos al indicar que solo han servido para imponer la censura y perseguir a la disidencia.
“Son normas ambiguas que se utilizan deliberadamente para criminalizar la opinión, judicializar el pensamiento crítico y forzar a los medios a la autocensura por temor a sanciones penales o administrativas desproporcionadas”, cuestionó Cárdenas.