Por su hablar pausado y trato afable, Feliciano Reyna (Caracas, 1955) siempre transmite serenidad. Pero en la Venezuela del conflicto perenne este defensor de Derechos Humanos y director de la ONG Acción Solidaria, fundada en 1995 para la atención de personas con VIH, ha terminado en el ojo del huracán.
La decisión de sumarse al Programa para la Paz y Convivencia Democrática, instalado el 23 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, le ha granjeado a Reyna duras críticas por parte de sectores de la sociedad civil, que ponen en entredicho el aporte de esta iniciativa a la construcción de una transición democrática.
Considerado uno de los activistas sociales más destacados del país, resiste los reproches y justifica el paso dado argumentando que ve en la convocatoria de la mandataria interina una posibilidad para avanzar hacia la democracia en Venezuela.
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- ¿Quién lo invita a participar en el programa y por qué aceptó el llamado?
- A mí me invitan a participar temprano, cuando se designa primero como comisión y después como Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Recibo un mensaje de Ana María Sanjuán -recién designada ministra de Educación Superior-, con quien había tenido trato desde hace un tiempo ya. También estaba una persona amiga, el profesor de Ciencia Política, Michael Penfold. Me pareció que era un espacio en el que podía traer algunos temas que para mí son muy importantes.
- Tengo entendido que tiene una relación de amistad con Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada. ¿Eso influyó en su decisión de sumarse al programa?
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- Más que amistad, hemos tenido un trato desde hace tiempo. De hecho, fue mi primer enlace con una persona que estaba en el gobierno en el año 2020, en plena pandemia, cuando me contactaron dos familias que tenían a personas presas con problemas de salud serios, una en El Helicoide, y la otra en la cárcel militar de Ramo Verde.
Allí pude hacer un enlace con él para ver cómo podíamos incidir no solo por estas dos personas, sino por los casos de otras más que tenían problemas de salud en aquel momento. Esas dos reuniones iniciales fueron virtuales y de allí hemos establecido siempre una relación de trato muy respetuoso y en los temas que hemos considerado de interés, hemos tenido siempre esa interlocución.
Pero en este caso no fue una invitación de Jorge Rodríguez, más bien como decía fueron Sanjuán, con quien he venido hablando de otras áreas de preocupación por el país, y Michael Penfold.
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- Activistas cuestionan que el programa no forma parte de un esfuerzo de justicia transicional. sino que se reduce a un espacio político para promover el diálogo.
- Es que para poder estar pensando en los temas de justicia transicional tiene que haber empezado un proceso de transición a partir de unos momentos previos, que tienen que ver con la reinstitucionalización del país, con la posibilidad incluso de llegar acuerdos entre quienes están en el poder y quienes aspiran a estarlo. Pero todo eso es un camino de negociaciones que en todo caso si estuviera allí, no deja de ser incipiente. El camino para eventualmente poder decir que hay todo un cambio institucional que te permita también tratar de fondo los temas de justicia, reparación y garantías de no repetición, no es algo que pueda estar ocurriendo en este momento.
Sí es posible con los espacios que se han abierto ir incidiendo, yo he llevado tres temas: la respuesta humanitaria que es muy urgente, pues todavía hay más de 5 millones de personas en condiciones muy vulnerables; el tema normativo que nos afecta a las organizaciones; y todo el tema de las personas privadas de libertad, más allá de las personas detenidas por razones políticas. Hay una serie de casos muy importantes que han afectado a personas pobres, en frontera, indígenas, todo eso requiere atención. Si ese espacio existe, a mí me parecía importante entrar donde pudiera hacer mi contribución.
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- Otra crítica guarda relación con la supuesta falta de transparencia e institucionalidad. El programa no tiene un marco institucional ni jurídico, y tampoco ofrece información sobre sus actividades y decisiones.
- Lo que ha ocurrido es que el programa empieza con algunas primeras reuniones, efectivamente de una manera todavía no totalmente formalizadas, pero fue despertando mucho interés. Para mí fue impresionante pensar que más de 350 personas se fueron a reunir con el programa para plantear sus casos de familiares privados de libertad, y después más de 800 se registraron en línea. Allí tienes más de 1.100 personas registradas que pensaron que aquí existe una posibilidad de que se conozcan sus situaciones.
Después ha habido reuniones con medios, sindicatos, grupos que trabajan los derechos de las mujeres, un conjunto de actores muy interesantes que se han acercado al programa para ser escuchados y hacer propuestas.
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De repente se vio al grupo hasta sobrepasado por las expectativas de respuesta y, al final, la sistematización comenzó a mitad de camino. El programa está llegando a sus 100 días, que era su mandato original, se está preparando un informe y de allí saldrá una versión para el público, pero hasta ahora ha sido ir sobre la marcha.
Entiendo que para algunos el programa tiene ya que comunicar, pero quizá parte de su virtud ha sido escuchar a muchos grupos. Creo que van a aparecer allí un conjunto de recomendaciones que si el programa continúa, contribuirá para que se lleven a implementación. Hay que pensar que el programa no es un implementador, recibe solicitudes de interlocución, escucha, recibe recomendaciones y después eso va a quienes son los responsables de implementar. Para mí es un momento de ver cómo se avanzará en los próximos días, tras cumplir su mandato.
- Defensores de DDHH señalan que las víctimas no son el centro de la actuación del programa. ¿Qué responde a esa observación?
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- Allí sí estaría en desacuerdo. El programa ha recibido más de 350 casos y después más de 800 se comunicaron en línea. Recientemente vino el grupo de familiares de estos casos dramáticos de personas sin apoyo, pobres, desconocidas, de frontera, que vinieron a hacer denuncias muy serias de detención arbitraria de sus familiares que tienen 4 años presos, casos que no tienen resolución, audiencias que no ocurren. Si uno se va a los casos más extremos, que son los de las personas privadas de libertad, la verdad es que sí se han atendido.
Recientemente hubo una reunión con el fiscal general de la República, Larry Devoe, y cuatro organizaciones muy reconocidas, lo que también abre un espacio para trabajar casos que requieren atención. En esa reunión se plantearon temas de fondo sobre el funcionamiento de la Fiscalía como garante de los Derechos Humanos y, al mismo tiempo, casos grupales e individuales.
En mi caso particular, que trabajo desde hace mucho en el ámbito humanitario, allí hay una afectación de por lo menos 5,5 millones de personas en situación de necesidad, datos que compartí con el programa. Aquí de ninguna manera se ha invisibilizado ni desconocido el clamor y los deseos de justicia de una parte importante de la población.
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- También han advertido que el hecho de que se mantenga intacta la estructura de represión que impuso el régimen chavista, puede inhibir a las víctimas de participar en iniciativas como el programa.
- Una de las cosas que para mí ha sido muy positiva es que van acercándose familiares de detenidos, incluso en casos que no responden a detenciones políticas. Sea lo que sea que haya hecho una persona, tiene derecho al debido proceso. Entonces, se han ido acercando al programa y creo que eso sí ha tenido que ver con algunos mensajes que vamos dando varios desde aquí, de decir traiga su caso, hay que documentarlo.
Muchas veces me toca referirlos al equipo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH que ha estado en el país y, a la vez, registrarlos como parte del programa. Diría que el programa es un espacio más que genera confianza en algunas personas para poder traer sus casos, y esto de ninguna manera excluye el trabajo que siguen haciendo las organizaciones de DDHH. Otros espacios que puedan crearse de interlocución creo que son importantísimos.
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- Pero en su condición de defensor de DDHH, ¿le frustra o decepciona que aún se mantenga esa estructura de represión
- Ese desmontaje uno espera que vaya ocurriendo pronto. Ha habido protestas con alguna situación de represión pero, por ejemplo, recuerdo una en la que hubo cuatro detenidos y esos cuatro detenidos no se quedaron, salieron al día siguiente. Allí hay una situación algo distinta. Creo que empieza a haber una conducta de quien tiene que garantizar que si alguien es detenido, se cumpla el debido proceso.
Creo que el papel que pueden estar jugando ahora el Ministerio Público con el fiscal Devoe, y la Defensoría del Pueblo con Eglée González Lobato, pueden empezar a dar señales de que aunque exista el aparato que vamos a llamarlo de fuerzas del orden público, no sea ya un aparato represor sino un conjunto de instituciones que cumplan con su deber y su responsabilidad.
Yo estoy viéndolo más como esa posibilidad y me parece importantísimo porque es otro tema de los que he compartido, que para que el país pueda tener un avance real, tiene que existir el espacio de deliberación pública sin represión ni mordazas. Para resolver los problemas necesitamos que haya apertura para expresar lo que no está funcionando bien. Creo que hay un espacio para actuar y una responsabilidad de quienes seguimos viendo que hay mucho que resolver.
- Hay quienes advierten que el régimen puede estar utilizando esta iniciativa para tratar de lavarse la cara y dar una sensación de apertura que es falsa.
- Es posible que los objetivos que uno se plantee en términos de lo humanitario, el debate público y personas privadas de libertad no terminen en todo lo deseable, pero creo que ahora hay posibilidades. Y si hubiera cosas que vayamos logrando, creo que van a ser importantes para las personas. Las excarcelaciones son importantísimas para las personas detenidas y sus familias, al igual que el programa humanitario para más de 5 millones de personas vulnerables y todo el espacio de deliberación pública para el conjunto de la sociedad civil.
Si se abren espacios en estos momentos, creo que tiene sentido hacer el intento. Sería una pérdida de posibilidades si personas de prestigio, honorables, no ponen su nombre para el Tribunal Supremo de Justicia. Va a seguir habiendo enormes retos, claro que sí, pero creo que es un costo a pagar que se justifica cuando el país en este momento está exigiendo tanto y, al mismo tiempo, en un momento de oportunidades para lograr esos cambios institucionales que hemos estado demandando.
- ¿Cree que Delcy Rodríguez facilitará la transición a la democracia en Venezuela?
- Creo que en este momento es muy difícil no facilitarlo. Creo que es en bien de todos facilitar ese proceso. Entre el camino que todavía hay que andar para la reinstitucionalización, incluso con las mejoras económicas y sociales, y si llega a haber un proceso de elecciones en el periodo que puedan ocurrir, de renovación y pluralización de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, yo creo que facilitar eso al final también te da larga vida política.
Vas a necesitar acuerdos y llegados allí es imposible imaginar que personas que se han visto agraviadas en sus derechos no vayan a exigir procesos de justicia, reparación y garantías. Pero creo que en este momento, después de todo lo que nos ha pasado y que derivó en esta situación del 3 de enero, me parecería difícil imaginar que para todos los actores políticos no sea lo razonable avanzar en aperturas.