Bajo la presión de Trump, la administración de Delcy Rodríguez se presta a rendir cuentas y mostrar el manejo de los fondos públicos

Si algo ha caracterizado al chavismo en estos 27 años de gobierno es la opacidad. La falta de transparencia ha convertido datos tan elementales como el índice de inflación, el boletín epidemiológico y las estadísticas poblacionales en verdaderos secretos de Estado.

Ni hablar de la producción petrolera, las memorias de los ministerios y el balance de las empresas públicas. De hecho, ni siquiera los resultados electorales son transmitidos con un mínimo de precisión. Un país inauditable donde a cada momento estalla un nuevo escándalo de corrupción.

Pero ahora, bajo la presión de la administración de Donald Trump, el régimen chavista se está viendo obligado a presentar sus cuentas. El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que los gobiernos de Caracas y Washington contrataron firmas auditoras para garantizar el uso correcto de los recursos financieros venezolanos.

“Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad”, expresó el presidente del BCV, Luis Pérez González, quien asumió ese cargo luego de que la Casa Blanca levantara las sanciones contra la institución. Pérez González reemplazó en ese puesto a Laura Guerra, hermana de la primera esposa de Maduro.

Tras el ataque del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales norteamericanas, el negocio petrolero está intervenido por Estados Unidos, que supervisa las transacciones y resguarda el dinero en una cuenta que controla el Tesoro norteamericano.

Además, gracias al reconocimiento de Trump, la presidenta encargada Delcy Rodríguez retomó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), entes que exigen claridad a sus miembros.

Reconstrucción

El famoso artículo IV del convenio constitutivo del FMI establece que un equipo del organismo “visita el país, recaba información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en materia económica”.

El economista Omar Zambrano estima que esa disposición está haciendo que el BCV exponga “cifras que tenía años sin publicar”. Apunta que el FMI ya está preparando esa misión para desembarcar lo antes posible en Caracas, lo que permitirá certificar las estadísticas oficiales. “Ese sería el primer gesto real de reconectarse con los entes multilaterales”, subraya el director de la consultora ThinkAnova.

“Uno de los primeros éxitos será el mejoramiento de la metodología, publicación y calidad de las estadísticas de un país ávido de información que los organismos públicos no proveen”, sostiene Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Vera observa que el FMI “exige buenas estadísticas” y que esto conducirá a la “reconstrucción del sistema nacional de estadísticas”. “En estos momentos no hay detalles en la información económica y socioeconómica, y hay muchas dudas sobre las metodologías que se emplean en la publicación de las estadísticas que están bajo responsabilidad del BCV”, acota el experto.

Gota a gota

Zambrano opina que las auditorías de Venezuela y Estados Unidos sobre el manejo de los fondos de la factura petrolera es una buena idea, aunque advierte que “nadie sabe muy bien cómo funciona ni cuál es el protocolo” del esquema creado por Washington para este fin.

“Se supone que hay un fondo que Estados Unidos tenía antes en Qatar y que ahora está en el propio Estados Unidos, donde se deposita la factura por exportación de petróleo, pero no sabemos ni cuánto hay en el fondo, ni cuánto se ha exportado ni cuánto llega al país”, resume.

Vera coincide en que “no se sabe a qué precio se está vendiendo el petróleo en Estados Unidos, cuánto ingreso genera ni cuánto alimenta la cuenta de custodia que está bajo el cuidado del Tesoro norteamericano”.

El académico recalca que “tener claras esas cuentas es importante y por eso la iniciativa de las auditorías es bienvenida, para revisar esos flujos monetarios y determinar cómo se divide esa torta” entre los distintos actores del negocio.

A la luz

La directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, aplaude las auditorías, mas pone como condición que los resultados sean públicos. “Si es una empresa propiedad del Estado, eso debe ser público, y que sea una auditoría no solo financiera sino también de procesos, saber cómo está estructurada la empresa petrolera, y cómo se relaciona con las compañías que ya están en el país y con las que están entrando”, puntualiza.

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, reveló a mediados de abril que unos 3 mil millones de dólares por la venta del petróleo venezolano se habían entregado al país.

“El dinero ha sido canalizado al gobierno de Venezuela para pagar salarios y comprar diluyentes para la industria petrolera. Ese dinero no puede utilizarse para pagar a China, Irán o Cuba”, declaró Kozak.

De Freitas destaca que más allá de lo manifestado por el funcionario norteamericano, poco se conoce de la administración de esos fondos. “No sabemos cuánto de verdad le está llegando al Estado venezolano”, cuestiona la portavoz de Transparencia Venezuela, que insiste en la necesidad de que las autoridades no se limiten a complacer a los inversionistas sino que “respeten los derechos de los venezolanos” a conocer el destino de los fondos públicos.