¿Se puede medir el tamaño de la represión en Venezuela? La Asamblea Nacional de mayoría chavista ofrece pistas.
La comisión especial parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía informó que hasta el 22 de abril ha recibido 12.187 “solicitudes válidas” de ciudadanos que buscan ser amparados por esta norma.
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El balance de la instancia que preside el diputado Jorge Arreaza, excanciller de la República y yerno del difunto Hugo Chávez, detalla que en total 8.616 personas han recibido libertad plena, incluidas 314 que se encontraban en la cárcel.
Y eso no es todo. “Seguimos recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país, manifestando su voluntad de reintegrarse a la vida política nacional”, indicó Arreaza a través de sus redes sociales.
La abultada cifra de beneficiarios parece confirmar que el régimen promueve una apertura, tras el ataque sufrido el 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos. Sin embargo, defensores de Derechos Humanos sostienen que aún continúan tras las rejas más de 500 presos políticos.
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Muchos más
Tener un número preciso sobre los presos políticos es una tarea muy complicada. ¿Los motivos? Por un lado, la opacidad de un gobierno que niega su existencia y, por el otro, el hecho de que algunos de los afectados prefieren no presentar denuncias públicas por temor a empeorar su situación.
La organización no gubernamental Foro Penal, que se ha convertido en la principal referencia sobre el tema, indicó el 20 de abril que a dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía continúan detenidos 473 presos políticos.
Del total registrado por el Foro Penal, 427 son hombres, 46 mujeres, 286 civiles, 187 militares, un adolescente y 43 con nacionalidad extranjera. Entre estos últimos se cuenta el abogado argentino Germán Giuliani, detenido el 21 de mayo de 2025, acusado de terrorismo y narcotráfico por las autoridades venezolanas.
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Este grupo estima que desde 2014, un año después de que Maduro asumió la Presidencia de la República, se han producido 19.087 detenciones por razones políticas en el país.
Sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, otra voz importante en esta materia, ofrece una cantidad mayor que llega hasta los 672 presos políticos, entre ellos “49 personas con enfermedades graves y 22 adultos mayores”.
“Observamos con profunda preocupación que, ante las numerosas negativas de amnistía, no se han activado con la celeridad necesaria los mecanismos ordinarios que nuestras leyes ya contemplan para casos de extrema vulnerabilidad”, alertó la asociación civil.
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En deuda
La Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no es la panacea, advierten las ONG. “Desde el 8 de enero de 2026, se han producido 786 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”, enfatiza Foro Penal.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, explica que hay ciudadanos que han vuelto a la calle con medidas cautelares o tras la admisión de hechos y haber sido condenados. “La amnistía no ha sido la fórmula más importante para liberar personas y, en realidad, no se requiere una Ley de Amnistía para liberarlas, pero al menos se le aplicó a esas 186 que así pudieron salir de la cárcel”.
Sobre las estadísticas del Parlamento, Romero acota que “el gobierno habla de miles de personas, pero esas ya estaban excarceladas solo que no tenían libertad plena sino que estaban sometidas a medidas cautelares, régimen de presentación y prohibición de salida del país, entre otros”.
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A pesar de introducir sus peticiones en el marco de la norma, figuras emblemáticas de la política y la sociedad civil siguen enfrentando restricciones. Y sobre todos los casos, el más relevante: María Corina Machado, la líder de la oposición que aún no ha podido regresar a Venezuela porque, de momento, el gobierno le niega la amnistía.
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